La reducción de la pobreza en el Perú durante 2025 es, sin duda, una noticia positiva. Que más de medio millón de peruanos hayan logrado salir de esta condición refleja que la economía mostró señales de recuperación luego de años marcados por crisis políticas, pandemia, inflación y desaceleración productiva. Sin embargo, sería un grave error interpretar estas cifras como el fin del problema. La realidad demuestra que el país todavía arrastra una profunda herida social que no ha logrado cerrar desde el golpe económico que dejó la pandemia.
El dato oficial del INEI, recogido y analizado por el Instituto Peruano de Economía (IPE), confirma que la pobreza bajó de 27.6% a 25.7% en un año. Pero detrás de ese descenso permanece una cifra preocupante: aún existen más de 8 millones de peruanos pobres y casi 2.3 millones más de personas en pobreza respecto al 2019. En otras palabras, el Perú todavía no recupera el terreno perdido.
La recuperación económica registrada en 2025 estuvo impulsada por factores favorables como el crecimiento de la inversión privada, el incremento del empleo formal y los buenos precios internacionales de exportación. No obstante, estos avances siguen siendo insuficientes para garantizar una mejora sostenida en la calidad de vida de millones de familias, especialmente en las ciudades.
Uno de los aspectos más alarmantes del informe es precisamente la urbanización de la pobreza. Antes de la pandemia, el fenómeno estaba más concentrado en zonas rurales; hoy, casi tres de cada cuatro pobres viven en áreas urbanas. Lima Metropolitana y el Callao son el reflejo más duro de esta realidad: pese a una leve mejora, la pobreza prácticamente duplica los niveles prepandemia. El crecimiento económico no está llegando con la misma fuerza a todos los sectores y, mientras algunos distritos mantienen estándares comparables a países desarrollados, otros sobreviven con indicadores similares a las regiones más pobres del país.
El panorama regional también deja señales de alerta. Que regiones como Tumbes, Huancavelica, Ayacucho y Áncash hayan registrado incrementos de pobreza demuestra que la recuperación nacional no es homogénea. Existen territorios donde el Estado continúa ausente, donde los servicios básicos siguen siendo deficientes y donde el empleo formal todavía es una excepción.
La principal lección de estas cifras es clara: el crecimiento económico sí reduce pobreza, pero necesita estabilidad política, inversión sostenida y capacidad estatal para traducirse en bienestar real. Durante la década de mayor expansión económica, entre 2005 y 2014, el Perú logró avances históricos porque existía confianza para invertir y generar empleo. En cambio, la última década estuvo marcada por enfrentamientos políticos, paralización de proyectos y ausencia de reformas estructurales.
Por ello, el próximo gobierno tendrá la responsabilidad de convertir la lucha contra la pobreza en una verdadera política de Estado. No bastará con programas asistenciales ni bonos temporales. El país necesita impulsar inversiones en minería, agroindustria e infraestructura, mejorar la calidad educativa, combatir la anemia y garantizar servicios públicos eficientes. Además, será indispensable replantear los programas sociales para responder a una pobreza cada vez más urbana y compleja.
La pobreza no puede medirse únicamente como una estadística anual. Detrás de cada punto porcentual existen familias que dejaron de comer adecuadamente, jóvenes que abandonaron estudios y trabajadores atrapados en la informalidad. Reducirla exige mucho más que crecimiento económico: requiere liderazgo político, visión de largo plazo y capacidad para devolverle esperanza a millones de peruanos.