Caso Universidad San Pedro:
La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) rechazó las acusaciones de un presunto fraude en la inscripción de autoridades de la Universidad San Pedro y aseguró que el procedimiento registral se realizó conforme a ley, tras las publicaciones difundidas los días 4 y 6 de mayo en el Diario de Chimbote.
Mediante un comunicado oficial, la entidad precisó que los documentos presentados para la inscripción de Javier Ulloa Siccha como rector, así como de los vicerrectores de la casa superior de estudios, cumplen con los requisitos establecidos en el Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas.
Sunarp explicó que la documentación evaluada consistió en copias certificadas por notario de las actas de asamblea de fechas 18 de octubre de 2024 y 20 de mayo de 2025, acompañadas de las respectivas constancias de convocatoria y quórum.
Asimismo, indicó que dichos documentos fueron ingresados a través del Sistema de Intermediación Digital (SID-Sunarp), plataforma implementada para agilizar y otorgar mayor seguridad a los procedimientos registrales, reduciendo riesgos de falsificación documental.
En el pronunciamiento, la institución también recordó que, conforme al artículo 19 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Personas Jurídicas, el registrador no asume responsabilidad sobre la autenticidad o contenido de las actas presentadas, ni sobre la firma, identidad, capacidad o representación de quienes las suscriben.
El comunicado surge luego de que publicaciones periodísticas cuestionaran la validez de las actas que respaldaron la inscripción de Ulloa Siccha, señalando que el exrector Gilmer Díaz no habría firmado ni participado en la asamblea correspondiente, e incluso solicitaran la intervención del Ministerio Público.
Frente a ello, Sunarp reafirmó su política de “tolerancia cero” frente a actos de corrupción e invocó a la ciudadanía a presentar denuncias debidamente sustentadas ante cualquier presunta irregularidad.
Finalmente, la entidad reiteró su compromiso con la transparencia, la legalidad y el servicio al ciudadano, dejando abierta su disposición para atender cualquier controversia que genere preocupación en la ciudadanía.