Por: David Tuesta Soldevilla (Ex Ministro de Economía)
Escandaloso el DU 003-2026 publicado hoy(ayer) en El Peruano. El Gobierno acaba de abrir la puerta para asumir hasta US$ 2,000 millones adicionales en compromisos contingentes para sostener a Petroperú, más costos financieros. Y aunque formalmente dicen que los asume el MINEM, en la práctica el riesgo termina recayendo sobre todos los peruanos vía Tesoro Público.
Lo más grave es que el propio decreto reconoce que Petroperú tiene pérdidas estructurales, deterioro patrimonial, problemas severos de liquidez y restricciones para conseguir financiamiento privado. Es decir, el Estado está asumiendo riesgos enormes sobre una empresa cuya solvencia ya está seriamente cuestionada.
Encima utilizan fideicomisos y vehículos especiales para intentar presentar esto como algo “no soberano”, cuando cualquier mercado o clasificadora de riesgo entenderá que se trata de una garantía implícita del Estado.
Todo esto ocurre además en un contexto de deterioro fiscal, aumento de deuda y múltiples leyes de gasto aprobadas recientemente. Seguimos socializando pérdidas y trasladando riesgos corporativos al balance fiscal del país.
El argumento de “seguridad energética” termina siendo la excusa perfecta para profundizar el vínculo entre Petroperú y el soberano. Y eso puede terminar costándole mucho más caro al país en riesgo fiscal, costo de financiamiento y credibilidad macroeconómica.
Y hay un punto adicional muy delicado que casi nadie está mirando. El propio DU se ve obligado a aclarar expresamente que los compromisos asumidos para Petroperú “no afectarán” los fondos orientados a electrificación rural del MINEM. Eso ya revela que dentro del mismo Gobierno existía conciencia de que podía percibirse una competencia por recursos y espacio fiscal.
¿Y por qué esto importa tanto? Porque buena parte de los mecanismos de inclusión eléctrica y subsidios del sistema energético peruano se financian, directa o indirectamente, con cargos pagados por los propios ciudadanos en sus recibos de luz. Es decir, hogares y empresas contribuyen vía tarifas a cerrar brechas de acceso energético en zonas pobres, rurales y amazónicas.
Por eso el contraste termina siendo muy duro: mientras millones de peruanos financian subsidios y electrificación para poblaciones vulnerables, el Estado está dispuesto a asumir hasta US$ 2,000 millones adicionales de riesgo contingente para sostener a Petroperú.
Y aunque el DU diga que los fondos de electrificación rural “no serán tocados”, el problema de fondo sigue existiendo. ¿Por qué? Porque el presupuesto público es fungible. En economía pública, eso significa que el dinero no está realmente aislado en compartimentos estancos. Si el Estado asume más riesgos, más deuda o mayores obligaciones potenciales por un lado, inevitablemente reduce espacio fiscal para otras prioridades presentes o futuras.
Es decir, aunque formalmente no se saque dinero directamente del fondo rural, igual aumenta la presión sobre la caja fiscal total del Estado: Más necesidades de financiamiento; Mayor costo de deuda; Menos margen para gasto social e inversión pública y potencial desplazamiento futuro de programas sociales o infraestructura básica.
Al final, el ciudadano termina pagando por ambos lados: como usuario del sistema eléctrico y como contribuyente que eventualmente absorberá el costo fiscal del salvataje.
Y ahí aparece el problema más incómodo: en un país donde todavía hay enormes brechas de electrificación, agua, salud y educación rural, el Estado termina priorizando la estabilización financiera de una empresa pública con pérdidas estructurales y patrimonio erosionado.
Ese es el verdadero debate de fondo sobre este DU.s