A pesar de que la Autoridad Nacional de Infraestructura, Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN), realizó el pago de valorizaciones hasta febrero de 2026 y ordenó el reinicio inmediato de los trabajos, la empresa contratista continúa sin reanudar la construcción del nuevo Hospital San Ignacio de Casma, obra valorizada en más de S/ 110 millones y que permanece paralizada desde agosto de 2025. Así lo advirtió la Contraloría General de la República en un reciente informe de control concurrente correspondiente al avance de ejecución al mes de abril de 2026.
El órgano de control alertó que la paralización persiste pese a que la causal inicial la falta de disponibilidad presupuestal ya fue superada por la ANIN, entidad que comunicó oficialmente la existencia de presupuesto para el ejercicio fiscal 2026 y efectuó el pago íntegro de las valorizaciones pendientes hasta enero de este año. Incluso, el 12 de febrero de 2026, la entidad emitió una instrucción formal para que la contratista reinicie de manera inmediata las actividades de obra bajo la denominada “Alternativa C”, priorizando trabajos en fachadas.
Sin embargo, según la comisión de control, la empresa no cumplió con reiniciar los trabajos físicos y, por el contrario, presentó una desviación crítica de 203 días en el cronograma de ejecución, situación que no tendría sustento técnico suficiente. El informe también advierte que la contratista mantiene una omisión reiterada en la entrega de informes de auditoría de costos, lo que podría estar afectando el pago a subcontratistas y dificultando el retorno de estos a la obra.
La obra corresponde al proyecto de recuperación de los servicios de salud del Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma II-1, ubicado en Casma, y es ejecutada por la ANIN con una inversión total de S/ 110 970 992.86. El objetivo del proyecto es mejorar la capacidad de atención hospitalaria en beneficio de miles de ciudadanos de la provincia casmeña y zonas aledañas.
La Contraloría alertó además que la prolongada paralización viene generando riesgos económicos y técnicos para el proyecto. Entre ellos, el vencimiento y deterioro de materiales adquiridos, algunos de los cuales permanecen almacenados a la intemperie, así como la posibilidad de que subcontratistas abandonen definitivamente la obra debido a retrasos en pagos y falta de actividades.
Durante una inspección física realizada el 30 de marzo de 2026, los auditores verificaron que la obra seguía completamente detenida. En el recorrido identificaron resanes en distintas áreas de la infraestructura, barras de fierro expuestas con signos de oxidación y materiales perecibles almacenados sin la protección adecuada.
Asimismo, se observaron deficiencias y modificaciones posteriores en la ejecución de instalaciones sanitarias y eléctricas, como pases de tuberías en muros de contención, picados en paredes acabadas para instalaciones eléctricas, perforaciones en elementos estructurales y resanes en diversas zonas de la construcción, lo que evidenciaría problemas en la coordinación y planificación de los trabajos ejecutados antes de la paralización.
El informe también precisa que el deterioro de materiales y la inactividad prolongada podrían generar un incremento significativo en el costo final del proyecto, debido a la necesidad de reemplazar insumos vencidos o dañados. Frente a ello, la comisión de control señaló que corresponde al gerente del proyecto verificar la cantidad exacta de materiales afectados durante el periodo de paralización.
De acuerdo con la información recogida por la comisión auditora, recién en mayo de 2026 se proyectaría la posible reactivación de la obra; sin embargo, hasta la fecha de la inspección no existían trabajos físicos en ejecución. El contratista es Consorcio Suyay II integrado por IBT LLC Sucursal Perú y GCZ Contratistas SA.
El Informe de Control Concurrente N.° 5823-2026-CG/MPROY-SCC, elaborado por la Subgerencia de Control de Megaproyectos de la Contraloría, fue remitido al jefe de la ANIN con la finalidad de que se adopten las acciones correctivas correspondientes y se evite un mayor perjuicio al proyecto hospitalario y a la población de Casma que espera desde hace años la culminación del nuevo establecimiento de salud.