Mientras desde los escritorios en las ciudades se habla de inclusión, descentralización y cierre de brechas, en el Perú profundo la realidad sigue mostrando el abandono más cruel. Lo que ocurre en el caserío de Cochaconchucos, en la provincia de Pallasca, es una evidencia dolorosa de cómo el Estado llega tarde o simplemente no llega cuando se trata de poblaciones alejadas y vulnerables. La expansión de la leishmaniasis, conocida como UTA, no es un problema reciente ni desconocido. Desde julio del 2025 las autoridades de salud ya tenían conocimiento de los casos y, pese a ello, no actuaron con la urgencia necesaria.
Hoy, en mayo del 2026, casi un año después de las primeras alertas, la enfermedad continúa avanzando entre niños, jóvenes y adultos de la zona denominada las riberas del Marañón. La población denuncia que pidió fumigaciones, atención médica y medicamentos, pero sus reclamos fueron ignorados. Esa indiferencia tiene responsables directos. La Dirección Regional de Salud de Áncash no puede guardar silencio ni deslindar responsabilidades frente a una emergencia sanitaria que creció ante la inacción del propio sistema de salud.
No se trata solamente de cifras o reportes epidemiológicos. Detrás de cada caso de UTA hay familias enteras sufriendo. Hay niños con lesiones en la piel que pueden dejar secuelas permanentes, padres desesperados buscando atención y comunidades enteras sintiendo que valen menos por vivir lejos de las capitales provinciales. Esa sensación de abandono es precisamente la que alimenta el descontento social en muchas zonas del país.
Resulta indignante que en pleno 2026 existan pueblos donde pedir una fumigación o medicamentos básicos parezca un favor y no un derecho. Mientras las autoridades realizan conferencias, anuncios y actividades protocolares, en Cochaconchucos la enfermedad sigue creciendo. El Estado no puede reaccionar únicamente cuando la situación explota mediáticamente o cuando la protesta social toma fuerza. La prevención y la respuesta rápida son obligaciones fundamentales de cualquier sistema sanitario responsable.
La leishmaniasis no aparece de un día para otro ni desaparece sola. Requiere campañas permanentes, vigilancia epidemiológica, intervención comunitaria y atención oportuna. Si desde el año pasado ya existían advertencias, entonces hubo tiempo suficiente para actuar. Lo que faltó fue decisión política, gestión eficiente y sensibilidad humana.
El reclamo del Frente de Defensa de las Riberas del Marañón no es exagerado ni político; es el grito desesperado de pueblos que sienten que nadie los escucha. Y cuando el ciudadano percibe que el Estado solo existe para cobrar impuestos o prometer obras, pero no para proteger la salud y la vida, la frustración se convierte en desconfianza.
Las autoridades regionales y nacionales todavía están a tiempo de reaccionar, pero cada día perdido significa más contagios y más sufrimiento para familias humildes. El Perú no puede seguir permitiendo que la geografía determine quién merece atención digna y quién debe resignarse al abandono. Cochaconchucos merece respuestas inmediatas, no más excusas.