La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP) emitió una esquela de observación al trámite de inscripción del nuevo estatuto de la Universidad San Pedro, donde señala cinco irregularidades en los acuerdos adoptados durante la asamblea universitaria realizada el pasado 9 de abril de 2026 y que pretendían otorgarle poderes a Javier Ulloa para vender inmuebles.
El documento, correspondiente al Título N.° 2026-01204040, señala que el patrimonio de las universidades asociativas sin fines de lucro “no podrá ser transferido por ningún motivo”, citando lo establecido en la Ley N.° 32494 sobre la intangibilidad de bienes institucionales.
Entre las observaciones formuladas por Registros Públicos, se cuestionan las facultades otorgadas a las autoridades universitarias para realizar contratos, comprar y vender bienes, hipotecar inmuebles y disponer del patrimonio institucional, precisando que dichas atribuciones serían contrarias al marco legal vigente.
Asimismo, SUNARP advirtió irregularidades en la convocatoria de la asamblea, el uso del denominado “voto dirimente” del rector y una presunta duplicidad de libros de actas universitarias, solicitando que se subsanen las observaciones para continuar con el trámite registral.
La entidad registral también precisó que el voto dirimente del rector vulneraría el principio de igualdad entre los miembros de la asamblea universitaria, convirtiéndose en uno de los principales cuestionamientos para frenar la inscripción del nuevo estatuto.
Por su parte, el secretario general del Sindicato de Trabajadores No Docentes de la Universidad San Pedro (SITRANDUSP), CPC. Manuel Roncal Briceño, expresó su satisfacción por la decisión adoptada por SUNARP, señalando que se está haciendo respetar la Ley N.° 32494, que protege mediante la intangibilidad de bienes el patrimonio de las universidades asociativas sin fines de lucro.
El dirigente gremial recordó además que, antes de que SUNARP emitiera las observaciones, ya había remitido un documento a la entidad registral advirtiendo posibles actos que contravenían la ley y alertando sobre el intento de otorgar facultades para disponer de bienes institucionales.
Roncal Briceño sostuvo que la decisión de SUNARP respalda la defensa del patrimonio universitario y reiteró que su lucha está orientada a garantizar la transparencia y el cumplimiento de la ley dentro de la casa superior de estudios.