Ha tenido que pasar más de un año para que recién las autoridades regionales salgan a decir que los IOARR están aprobados y listos para ejecutarse. Pero, la realidad ya los desbordó. Las salas de operaciones colapsaron, los equipos médicos llegaron al límite de su vida útil y los hospitales públicos más importantes de Áncash, como el de La Caleta, hoy sobreviven entre préstamos de instrumental y medidas de emergencia improvisadas. Lo ocurrido confirma, una vez más, que la gestión pública regional terminó ahogada en su propia burocracia.
Cuando entre abril y mayo de 2025 el Gobierno Regional anunció con entusiasmo la intervención de las áreas críticas del hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón, La Caleta y Víctor Ramos Guardia, se generó una expectativa legítima. Se habló inicialmente de 30 millones de soles, diez para cada hospital, aunque posteriormente las cifras crecieron conforme avanzaban los expedientes. La decisión política estaba tomada, los recursos aparecían comprometidos y las necesidades eran más que evidentes. Sin embargo, un año después, los expedientes técnicos continúan atrapados en trámites interminables y los resultados brillan por su ausencia.
Desde estas páginas hemos seguido paso a paso el avance de esos IOARR y lo que hoy queda al descubierto es una cadena de demoras injustificables. El último viernes hubo una reunión en la Subregión Pacífico donde funcionarios informaron al hospital Regional que su IOARR ya estaba aprobado y listo para iniciar. Días después, en audiencia pública y con presencia de la vicegobernadora, se ratificó el anuncio. Pero mientras unos expedientes avanzan, otros siguen empantanados.
El caso más crítico es el de La Caleta. Allí las salas de operaciones llegaron al colapso y no quedó otro camino que anunciar su cierre temporal. Frente a ello, la vicegobernadora declaró públicamente que el director del hospital debió coordinar previamente antes de tomar esa decisión. Sin embargo, la pregunta de fondo es otra: ¿por qué se permitió llegar a este extremo? ¿Por qué recién reaccionan cuando el sistema ya colapsó?
El IOARR de La Caleta aún permanece en la Dirección Regional de Salud y todavía debe recorrer el largo camino de revisiones y control previo antes de ejecutarse. Es decir, pasarán todavía varias semanas más mientras médicos y pacientes enfrentan una crisis sanitaria evidente. Y surge entonces una interrogante inevitable: ¿por qué algunos expedientes avanzaron más rápido que otros? ¿Por qué el hospital de Huaraz caminó con mayor celeridad mientras La Caleta quedó rezagado?
Lo más indignante es que no se trata de proyectos de gran complejidad técnica. Identificar áreas críticas, conseguir cotizaciones y definir equipamiento médico no debería tomar más de algunos meses. Sin embargo, la maquinaria burocrática del Gobierno Regional demoró más de un año en procesos que debieron ser prioritarios y urgentes. Esa lentitud hoy tiene consecuencias concretas: cirugías suspendidas, pacientes afectados y hospitales trabajando al borde del colapso.
Ahora intentan apagar el incendio prestándose instrumental médico entre hospitales y lo presentan como un logro de gestión. No lo es. Es apenas una medida desesperada frente a una crisis que pudo evitarse. Y si esa era la solución temporal, la pregunta es inevitable: ¿por qué no actuaron antes?, ¿por qué esperaron que los quirófanos colapsaran para recién reaccionar?
Aquí no ha existido autocrítica ni reconocimiento de responsabilidades. El colapso de las salas de operaciones del Regional y La Caleta es consecuencia directa de una gestión pública deficiente, lenta e incapaz de ejecutar con oportunidad decisiones que ya estaban tomadas políticamente desde hace más de un año. La vicegobernadora se equivoca al responsabilizar únicamente a los directores hospitalarios. La obligación de supervisar, monitorear y acelerar estos procesos correspondía también al más alto nivel del Gobierno Regional y de la Diresa.
Hoy los ciudadanos observan, en primera fila, el fracaso de unos IOARR que fueron anunciados con bombos y platillos, pero que terminaron atrapados en expedientes interminables y oficinas burocráticas. Mientras tanto, la población enfrenta una realidad alarmante: enfermarse, accidentarse o necesitar una operación urgente en los principales hospitales públicos de Chimbote se ha convertido en un verdadero riesgo.