El Consejo Regional de Gobierno Regional de Áncash aprobó por mayoría el Informe de Fiscalización n.° 02-2026-GRA/CR-ARMP, documento que advierte presuntas irregularidades en la actuación de la Gerencia Subregional El Pacífico por ejecutar un proyecto fuera de su ámbito de competencia territorial. La decisión fue formalizada mediante Acuerdo de Consejo Regional y abre la posibilidad de una intervención de la Procuraduría Pública Regional para determinar eventuales responsabilidades legales y penales.
La fiscalización fue impulsada por el consejero regional por la provincia de Casma, Andy Montes Pimentel, quien cuestionó la participación de la Subregión El Pacífico en el proyecto de ampliación del servicio de movilidad urbana en vías locales de la localidad de Pariacoto, distrito de Pariacoto, provincia de Huaraz.
El informe revisó contratos, informes técnicos, convenios interinstitucionales, documentos presupuestales y normativa interna del Gobierno Regional de Áncash. Entre los principales hallazgos se encuentra la presunta extralimitación de funciones de la Gerencia Subregional El Pacífico, debido a que su jurisdicción territorial comprende únicamente las provincias de Huarmey, Casma, Santa, Pallasca y Corongo, mas no la provincia de Huaraz.
Asimismo, el documento señala que el Oficio n.° 613-2025-GRA/GGR, emitido por la Gerencia General Regional, presentaría supuestos vicios administrativos que podrían generar su nulidad. Dicho oficio habría dispuesto que la Subregión El Pacífico realice acciones para convertirse en unidad ejecutora de un proyecto ubicado fuera de su competencia territorial.
La comisión de fiscalización también advirtió una posible duplicidad funcional con la Gerencia Regional de Infraestructura, órgano que tendría competencia sobre proyectos viales en la provincia de Huaraz. Además, se detectó una contradicción documental en informes internos de la propia Subregión El Pacífico, donde se reconoce que su ámbito territorial es limitado, pese a haberse continuado con actuaciones vinculadas al proyecto de Pariacoto.
Otro aspecto observado corresponde a una modificación presupuestal que permitió reorientar 141 mil soles del proyecto “Mejoramiento de la avenida Anchoveta”, en Nuevo Chimbote, hacia el proyecto de Pariacoto bajo la figura de inversión no prevista tipo nueva. Según el informe, esta operación se habría realizado sin contar con opinión o pronunciamiento de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones (OPMI).
El Consejo Regional también concluyó que los contratos n.° 001-2026-GRA-SRP-G y n.° 005-2026-GRA-SRP-G, relacionados con la elaboración y supervisión del expediente técnico del proyecto, podrían estar afectados de nulidad debido a que se habrían originado en actuaciones de un órgano sin competencia territorial.
Frente a estos hallazgos, el pleno regional acordó remitir toda la documentación a la Procuraduría Pública Regional para que evalúe la presentación de acciones legales, incluida una eventual denuncia penal por el presunto delito de abuso de autoridad contra los funcionarios que resulten responsables.
De igual manera, se dispuso enviar el informe a la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios y al Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional de Áncash, con el fin de determinar posibles responsabilidades administrativas y evaluar un eventual daño económico derivado de los contratos observados y de la modificación presupuestal realizada.
Con esta decisión, el Consejo Regional busca que las instancias competentes determinen si existieron actos contrarios a la normativa administrativa y si se afectaron recursos públicos destinados a obras priorizadas en la región.