El reciente informe de la Contraloría General de la República sobre presuntas irregularidades cometidas en la ONPE durante las Elecciones Generales del 12 de abril representa uno de los episodios más graves que ha enfrentado el sistema electoral peruano en los últimos años. No se trata únicamente de errores administrativos o fallas logísticas; estamos hablando de hechos que habrían afectado directamente el derecho al voto de más de 55 mil ciudadanos de Lima Metropolitana y Callao. En democracia, eso no puede ser minimizado ni relativizado.
El documento de control es contundente. La Contraloría identifica presuntas responsabilidades penales y administrativas en diez funcionarios, entre ellos el exjefe de la ONPE, Piero Corvetto. Las observaciones van desde términos de referencia deficientes para la contratación del servicio de transporte electoral, hasta presuntas acciones orientadas a favorecer a un postor que terminó obteniendo una adjudicación millonaria. Lo más preocupante es que estas decisiones no solo habrían significado un perjuicio económico para el Estado, sino que también desencadenaron retrasos logísticos que afectaron la instalación de mesas de sufragio.
Sin duda, después del informe de la Contraloría lo único que resta es que intervenga el Ministerio Público. A la vista de todos ocurrieron los hechos y ahora corresponde determinar si existieron delitos funcionales, colusión, negociación incompatible u otras responsabilidades penales. El país no puede conformarse únicamente con informes administrativos cuando los indicios apuntan a decisiones que habrían perjudicado el correcto desarrollo de un proceso electoral.
Las elecciones son la base de toda democracia. Si la ciudadanía pierde confianza en las instituciones encargadas de garantizar un proceso limpio y transparente, se erosiona el sistema democrático en su conjunto. Por ello, cualquier sospecha de direccionamiento en contrataciones, manipulación de evaluaciones técnicas o improvisación logística debe investigarse con absoluta rigurosidad. Más aún cuando el propio informe revela que miles de equipos y materiales electorales no llegaron oportunamente a los locales de votación.
También resulta alarmante que se hayan aprobado prestaciones adicionales por más de 650 mil soles sin el debido sustento técnico ni legal, incluyendo incrementos desproporcionados en costos de traslado. Un aumento de hasta 900 % respecto al contrato original no puede pasar desapercibido en ninguna entidad pública. Este tipo de situaciones alimenta la percepción ciudadana de que en el Estado todavía existen redes de favoritismo y decisiones alejadas de los principios de transparencia y eficiencia.
La ONPE ha sido históricamente una de las instituciones más importantes del sistema democrático peruano. Precisamente por ello, sus funcionarios deben actuar con mayor responsabilidad y rigor técnico. No basta con organizar elecciones; también deben garantizar que cada decisión administrativa resista cualquier auditoría y esté libre de sospechas.
Hoy la pelota está en la cancha del Ministerio Público y de la Junta Nacional de Justicia. La ciudadanía espera investigaciones rápidas, objetivas y firmes. El peor mensaje que podría recibir el país es que un caso de esta magnitud termine diluyéndose en trámites burocráticos o impunidad.
Cuando se afecta el derecho al voto, no solo se perjudica a miles de electores. Se pone en riesgo la credibilidad de la democracia misma.