Aunque parezca increíble, esta es la realidad y evidencia una evidente contradicción. A pesar de haber interpuesto una acción de amparo con la finalidad de que se inaplique la Ley N.° 32494, quienes actualmente ejercen funciones de autoridades en la Universidad San Pedro han recurrido precisamente a esta norma para lograr la suspensión de un remate judicial de uno de los inmuebles de propiedad de dicha casa de estudios.
La acción de amparo fue presentada por Javier Ulloa Siccha y sus dos vicerrectores contra el Congreso de la República, el Ministerio de Educación, el Procurador Público del Congreso de la República y el Procurador Público del Ministerio de Educación. El proceso se tramita en el Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia del Santa, donde la última audiencia se realizó el pasado 27 de mayo, tal como lo informó nuestro Diario.
Es decir, Ulloa y su grupo buscan que no se aplique la Ley N.° 32494; sin embargo, en un proceso judicial seguido contra la Universidad San Pedro —persona jurídica demandada por una obligación superior a los 200 mil soles— han recurrido a la misma norma para evitar el remate del inmueble donde funciona el colegio Señor de la Vida.
Mediante un recurso presentado dentro de dicho proceso, lograron que, a través de la Resolución N.° 39, de fecha 2 de junio del presente año, se suspendiera el remate judicial. En el quinto considerando de la resolución, el juez invoca el artículo 4 de la Ley N.° 32494, que establece la intangibilidad de los bienes de las universidades asociativas sin fines de lucro con licencia institucional denegada.
El secretario general del Sitrandusp, Juan Roncal, señaló ayer a nuestro Diario que resulta llamativo que la solicitud para suspender la ejecución haya sido presentada por los propios representantes legales de la universidad, quienes de esta manera han reconocido la relevancia y los alcances de la norma que protege el patrimonio institucional.
Añadió que la acción emprendida por la propia universidad evidencia el reconocimiento de la importancia y trascendencia de esta legislación para la protección de sus bienes patrimoniales.
Por su parte, Blanca Silva Baca, quien en su momento fue directiva del referido sindicato, cuestionó el doble discurso de estas personas. Indicó que mientras continúan impulsando la acción de amparo que se tramita en el Juzgado Constitucional a cargo del magistrado Millner Ibáñez Vega, también recurren a la misma ley que pretenden dejar sin efecto.
“Buscan anular los efectos de la Ley N.° 32494 para impedir su aplicación, cuando su reglamento está próximo a oficializarse; sin embargo, utilizan esa misma ley para evitar el remate de uno de los bienes de la universidad”, manifestó.
Abundando en detalles, señaló que, en el Juzgado Constitucional, donde despacha el juez Millner Ibáñez Vega, el rector Javier Ulloa y su grupo solicitan la inaplicación de la Ley N.° 32494, en el expediente 01129-2025-0-2501-JR-DC-01; mientras que, en el Primer Juzgado Civil, piden al juez Ricardo Alza que aplique esa misma norma para salvar uno de los inmuebles sometidos a remate judicial, acogiéndose al artículo 4 referido a la intangibilidad de los bienes universitarios. El expediente de este proceso es 00506-2020-0-2501-JR-CI-01.