La denuncia penal presentada el pasado 18 de mayo por el ex – rector de la Universidad San Pedro, Gilmer Díaz Tello, ha puesto nuevamente en el centro del debate un hecho que, lejos de aclararse, acumula cada vez más interrogantes. Según el propio Díaz, jamás convocó ni presidió la asamblea universitaria que supuestamente se realizó el 20 de mayo de 2025 en el campus Los Pinos y en la que se habría elegido a Javier Ulloa Siccha como rector por un período de cinco años.
La gravedad de esta afirmación no puede ser minimizada. Si quien figura como convocante y conductor de una asamblea niega categóricamente haber participado en ella, corresponde a las autoridades competentes actuar con celeridad para determinar qué ocurrió realmente. Sin embargo, a más de un año de los hechos, las dudas continúan creciendo mientras las respuestas brillan por su ausencia.
En las últimas semanas han salido a la luz nuevos documentos vinculados a aquella cuestionada asamblea. La versión de Gilmer Díaz se mantiene firme: no convocó la reunión, no asistió al lugar y, por lo tanto, no participó en ninguna elección rectoral. A pesar de ello, la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) terminó inscribiendo a Javier Ulloa Siccha sobre la base de documentos presentados por terceros mediante intervención notarial.
Aquí surge otro aspecto que merece una investigación exhaustiva. Existe una resolución judicial dentro de un proceso de Obligación de Hacer que ordenaba a Gilmer Díaz inscribir el estatuto de 2018 bajo apercibimiento de sanción. Para cumplir dicho mandato, necesariamente tuvo que certificar su firma ante un notario. Esa certificación, realizada el 6 de junio de 2025, aparece luego vinculada al expediente utilizado para sustentar la presunta asamblea del 20 de mayo de 2025.
Resulta difícil no preguntarse cómo una firma certificada para cumplir una orden judicial termina formando parte de un expediente presentado diez meses después, el 18 de abril de 2026, para respaldar actos universitarios cuya autenticidad hoy es objeto de cuestionamiento. Las actas, resoluciones y demás documentos se encuentran a disposición de las autoridades y constituyen elementos que merecen un análisis técnico y jurídico riguroso.
Frente a este escenario, la actuación del Ministerio Público genera legítima preocupación. La ciudadanía espera investigaciones serias, objetivas y oportunas, especialmente cuando están en juego la legalidad institucional y la fe pública. Más aún cuando denuncias relacionadas con estos mismos conflictos, presentadas durante los años 2023 y 2024, terminaron archivadas sin que hasta hoy se disipen las dudas que motivaron su presentación.
Tampoco puede dejar de mencionarse la actitud del Poder Judicial frente a reiterados incumplimientos de resoluciones que ordenaban la reposición laboral de trabajadores de la universidad. Tal como se ha denunciado públicamente, existen mandatos confirmados incluso en segunda instancia que no han sido acatados por quienes actualmente ejercen el control de la institución. La falta de ejecución efectiva de las decisiones judiciales termina debilitando la confianza ciudadana en el Estado de Derecho.
La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿existió realmente la asamblea universitaria del 20 de mayo de 2025? Si la respuesta es afirmativa, corresponde demostrarlo con pruebas irrefutables y transparentes. Si no fue así, el país tiene derecho a conocer quiénes participaron en la elaboración y presentación de documentos que habrían servido para sustentar decisiones de enorme trascendencia institucional.
Las universidades deben ser espacios donde prevalezcan la verdad, la legalidad y la transparencia. Cuando surgen dudas sobre la legitimidad de sus autoridades, no basta con el silencio ni con la indiferencia de las instituciones encargadas de investigar y sancionar. La justicia tardía es una forma de injusticia, y la pasividad de las autoridades solo contribuye a profundizar la crisis de confianza.
La ciudadanía espera respuestas. Y, sobre todo, espera que la verdad deje de ser una opción para convertirse en una obligación.