La solicitud de prescripción de la pena presentada por la exalcaldesa provincial del Santa, Victoria Espinoza García, reabre un debate que trasciende el ámbito jurídico y toca directamente la confianza ciudadana en el sistema de justicia.
En 2018, Espinoza García fue condenada a cuatro años de prisión efectiva por el delito de colusión simple en el denominado caso de los “semáforos inteligentes”. La sentencia fue clara: debía cumplir una pena privativa de libertad. Sin embargo, lejos de acatar la decisión judicial, permaneció fuera del alcance de las autoridades durante casi ocho años.
Ahora, cuando está próxima a cumplirse ese período, su defensa sostiene que la pena ha prescrito y que, por tanto, ya no corresponde ejecutarla. El argumento puede tener sustento legal y será el Poder Judicial quien determine si procede o no. Pero más allá de la discusión técnica, existe una cuestión de fondo que preocupa a la ciudadanía.
La justicia no solo debe ser legal; también debe ser percibida como justa. Para muchos ciudadanos resulta difícil comprender que una persona condenada pueda beneficiarse del paso del tiempo precisamente después de haber evitado cumplir la sentencia. La sensación que queda es que quien evade a la justicia durante años podría terminar obteniendo una ventaja que no tendría quien sí se sometió a la ley.
Este caso pone en evidencia una debilidad institucional. Si una sentencia firme no pudo ejecutarse durante casi ocho años, corresponde preguntarse qué hicieron las autoridades encargadas de hacerla cumplir. La responsabilidad no recae únicamente en la persona condenada, sino también en un sistema que no logró concretar una decisión judicial definitiva.
Además, el mensaje que podría recibir la sociedad es preocupante. En un país donde la lucha contra la corrupción sigue siendo una demanda permanente, cualquier situación que parezca favorecer la impunidad afecta la credibilidad de las instituciones. Los ciudadanos esperan que las sentencias se ejecuten y que las responsabilidades se cumplan, independientemente del cargo o la influencia política de los involucrados.
El Poder Judicial tendrá la última palabra sobre la prescripción solicitada. Cualquiera sea la decisión, deberá estar sólidamente fundamentada en derecho. Sin embargo, el debate ya está instalado: ¿es compatible con el principio de justicia que una condena efectiva quede sin cumplirse después de años de clandestinidad?
La respuesta no solo determinará el futuro legal de Victoria Espinoza García. También pondrá a prueba la capacidad del sistema judicial para demostrar que la ley es igual para todos y que el tiempo no puede convertirse en un aliado de quienes deciden escapar de sus responsabilidades frente a la justicia.