El Juzgado Constitucional de la Corte de Justicia del Santa mediante resolución del 6 de mayo declaró improcedente la medida cautelar que solicitaron Javier Ulloa Siccha, Roger Castañeda Gamboa y Javier Martínez Carrillo en contra de la aplicación de la Ley 32494.
Como se recordará Ulloa Siccha denominado rector de la Universidad San Pedro y sus vice rectores buscan por todos los medios inaplicar la Ley 32494, que dispone mecanismos excepcionales para el salvataje de las universidades privada asociativas sin fines de lucro y que no están licenciadas.
Este grupo que maneja la referida universidad, interpuso una acción de amparo en el juzgado constitucional de nuestra ciudad en contra del Congreso de la República, el Ministerio de Educación y de Sunedu para inaplicar la referida norma de salvataje de las universidades asociativas con problemas.
El juez Millner Vega ha emitido la resolución dos donde señala que el artículo 200, inciso 2 de la constitución política del Perú, así como la jurisprudencia constitucional establecen que el amparo no procede contra las normas legales.
Asegura el juez constitucional, que la solicitud cautelar no logra acreditar de manera fehaciente que la norma sea de aplicación inmediata incondicionada sin necesidad de actos posteriores de la administración, lo que debilita la apariencia de buen derecho.
Afirma, además, que al no haberse acreditado que la sola vigencia de la norma genere un daño irreparable que no pueda ser subsanado en la sentencia final, la medida cautelar deviene en improcedente.
El Secretario General del Sindicato de Trabajadores no Docentes de la USP Juan Roncal dijo que con esta resolución el camino esta llano para que se instale la Comisión Excepcional cuando se apruebe el reglamento de la Ley 32494.
Por su parte, Blanca Silva Baca, quien en su momento fue Secretaria General de dicho sindicato, dijo que “esta es una derrota más de Ulloa Siccha y sus abogados y señalamos que es una más porque no se deben olvidar que él (Ulloa) lleva perdidos más de 600 juicios con sus abogados, ahora han sumado uno más”.
JUICIOS PERDIDOS
Agregó, Silva Baca, que tiene pendientes más casos en el Ministerio Público y la última denuncia del Dr. Gilmer Díaz donde deben probar la asamblea universitaria del 20 de mayo del 2025. Aquí, queremos ver a Ulloa y sus abogados como prueban esa asamblea. Reiteró que esa inscripción en Sunarp debe ser anulada. Los documentos hechos públicos son la mejor prueba, apuntó.
Le preguntamos, por el considerando de la resolución del juez constitucional, cuando coloca el decir de Ulloa y su grupo, que la ley 32494 vulnera su derecho al trabajo, a la dignidad y la autonomía universitaria.
Respondió; “Ellos son los que menos deben referirse de esa manera, ellos no cumplen con las leyes y con las resoluciones judiciales, nuestra reposición la han rechazado en más de cinco veces y con sentencias de segunda instancia, entonces de que dignidad y derecho al trabajo hablan, ellos violan las leyes y las resoluciones judiciales, dijo finalmente Blanca Silva.