En Pampas, Pallasca:
Los dirigentes del Frente de Defensa y Desarrollo del distrito de Pampas, en la provincia de Pallasca, así como los integrantes del Comité de Fiscalización del Proyecto de Electrificación de los 27 pueblos de las riberas del río Marañón, expresaron su malestar e indignación ante el incumplimiento del acuerdo que establecía el reinicio de los trabajos de electrificación el pasado 8 de junio.
Según indicaron, dicho compromiso fue asumido el 2 de junio durante una reunión en la que participaron representantes del Gobierno Regional de Áncash, de la empresa constructora Consorcio Jehová Jireh 2 y dirigentes de la población beneficiaria, suscribiéndose un acta que fijaba la fecha para la reanudación de las labores.
Sin embargo, a la fecha, los pobladores aseguran que no existe evidencia clara del reinicio efectivo de los trabajos, situación que ha generado profunda preocupación, incertidumbre y desconfianza entre las comunidades que desde hace varios años esperan la culminación de esta importante obra de electrificación rural que les permitirá salir de la oscuridad.
Ante este panorama, los dirigentes anunciaron que el próximo 15 de junio de 2026 realizarán una visita de inspección y verificación a los diferentes frentes de trabajo del proyecto, con el objetivo de constatar en campo el cumplimiento de los compromisos asumidos por el Consorcio Jehová Jireh 2 y las entidades responsables de la ejecución de la obra.
“El Frente de Defensa exige a la empresa Consorcio Jehová Jireh 2 que cumpla con los compromisos asumidos ante la población, demostrando con hechos concretos el reinicio y avance de las obras comprometidas”, señalaron los representantes comunales.
Asimismo, advirtieron que los pueblos ubicados en las riberas del río Marañón no pueden continuar siendo afectados por postergaciones, promesas incumplidas ni constantes dilaciones que retrasan el acceso a un servicio básico esencial para el desarrollo de las comunidades.
Los dirigentes reiteraron que permanecerán vigilantes y que la inspección programada permitirá verificar si los acuerdos firmados están siendo respetados, en defensa de los derechos de las familias beneficiarias que esperan desde hace años la llegada de la energía eléctrica a sus localidades.