Por: Prysyla Stheffany Flores Matienzo
Abogada – Docente Universitaria – Especialista Legal en Gestión Pública y Derecho Administrativo
Una de las frases más conocidas en el ámbito jurídico sostiene que “justicia que tarda no es justicia”. Aunque pueda parecer una expresión simple, encierra una realidad que afecta diariamente a miles de ciudadanos peruanos que esperan durante años una resolución judicial para proteger sus derechos.
La confianza en el Poder Judicial constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado democrático. Sin embargo, dicha confianza se ve constantemente afectada cuando los procesos judiciales se prolongan más allá de plazos razonables, generando incertidumbre, costos económicos y desgaste emocional para quienes buscan una respuesta del sistema de justicia.
La problemática no es exclusiva del Perú, pero en nuestro país adquiere características particularmente preocupantes. Procesos civiles que duran varios años, investigaciones penales complejas que se extienden indefinidamente y expedientes acumulados en los despachos judiciales son parte de una realidad que la ciudadanía conoce de cerca.
En ciudades como Chimbote, donde el crecimiento poblacional y económico ha incrementado significativamente la carga procesal, los órganos jurisdiccionales enfrentan una presión constante para responder oportunamente a las demandas de justicia. Sin embargo, las limitaciones presupuestales, la insuficiencia de personal y la creciente complejidad de los casos continúan representando desafíos importantes.
No obstante, el problema no puede analizarse únicamente desde la falta de recursos. También exige una reflexión sobre los mecanismos de gestión interna, la modernización tecnológica y la eficiencia administrativa dentro del sistema judicial.
La transformación digital impulsada en los últimos años ha permitido avances importantes, como el expediente judicial electrónico y la realización de audiencias virtuales. Sin embargo, aún persisten brechas significativas que limitan el acceso oportuno a la justicia, especialmente en provincias y zonas alejadas.
Desde una perspectiva constitucional, el acceso a una tutela jurisdiccional efectiva no implica únicamente la posibilidad de acudir a un juez. También comprende el derecho a obtener una decisión dentro de un plazo razonable.
Cuando un proceso se prolonga excesivamente, el daño puede ser irreparable. Un trabajador despedido injustamente, una víctima que espera reparación, una familia inmersa en un conflicto sucesorio o un ciudadano afectado por una actuación administrativa necesitan respuestas oportunas, no resoluciones que lleguen cuando el problema ya produjo consecuencias irreversibles.
La demora judicial genera además efectos institucionales profundos. La percepción de lentitud alimenta la desconfianza ciudadana y fortalece la idea de que acudir a los tribunales no garantiza una solución efectiva. En consecuencia, algunas personas optan por mecanismos informales o simplemente renuncian a ejercer sus derechos.
El fortalecimiento del Poder Judicial requiere una visión integral que combine infraestructura adecuada, capacitación permanente, incorporación de tecnología y mejora de los sistemas de gestión. Pero también exige una política pública orientada a recuperar la confianza ciudadana mediante resultados concretos y verificables.
La justicia no debe medirse únicamente por la cantidad de sentencias emitidas, sino por su capacidad para resolver conflictos de manera eficiente, transparente y oportuna.
Porque en una democracia sólida, la fortaleza de las instituciones se refleja en la confianza que generan.
Y pocas instituciones tienen una responsabilidad tan importante como aquella encargada de administrar justicia.