En la investigación penal que lleva a cabo el fiscal Carlos Ramírez Saavedra, de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Nuevo Chimbote, por el delito de estafa, fraude en la administración de personas jurídicas y falsificación en agravio de los socios de la Asociación de Vivienda Los Portales de Buenos Aires, han incumplido con acudir a declarar los investigados por lo que el representante del Ministerio Público ha dispuesto la conducción compulsiva a su despacho.
Uno de los investigados que no se apersonó a declarar es César Acuña Peralta, propietario de la universidad César Vallejo, y sobre quien el fiscal ha dispuesto que la Policía Judicial lo conduzca de manera compulsiva a su despacho el 25 del presente mes con fines de responder a las preguntas de los delitos que es investigado.
La misma medida ha dispuesto para los investigados Wilfredo Segundo Pereda Vásquez, César Eduardo Llontop Vargas, Jorge Orlando Valderrama Carranza, Karina Flor Cárdenas Ruíz, Manuel Arturo Morán Li, y Diego Alonso Medina Arteaga. Sobre todos ellos la Policía Nacional utilizará la fuerza pública para llevarlos al despacho de fiscal para que declaren en las fechas que obra en la disposición fiscal.
Esta investigación está referido al terreno comprado supuestamente de manera fraudulenta por la universidad César Vallejo a la empresa representada por César Augusto Therese Rivas quien se hizo de los terrenos cuando se desempeñaba como el presidente de dicha Asociación de Vivienda Los Portales de Buenos Aires y ejecutó la transferencia a su representada con fines lucrativos y sin conocimiento de los socios, ex miembros de la Policía de Investigaciones del Perú (PIP).
Quienes también han omitido el llamado de la fiscalía para declarar en calidad de testigo son Víctor Oswaldo Caldas Vaca y Marleny Elvira Vaca Salinas argumentando su derecho a guardar silencio, sin embargo, la fiscalía ha precisado que ello se aplica a los investigados y no a los testigos por lo que tiene en cuenta la posición de ambos.
En total son 32 las personas denunciadas por los delitos: estafa agravada, fraude en la administración de personas jurídicas, falsificación de documentos en general, falsedad ideológica y falsedad genérica.
Los socios agraviados esperan que el fiscal Carlos Saavedra cumpla con realizar las diligencias necesarias en el plazo de 8 meses y en el supuesto que alguno de los imputados mantengan una posición renuente a la citación para declarar que adopte las medidas coercitivas necesarias para que se cumpla los objetivos de la investigación.