El exministro español José Luis Ábalos, quien mantiene vínculos con la ciudad de Nuevo Chimbote a través de una cuestionada propiedad, fue condenado en España a 24 años de prisión por los delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias.
Ábalos, exsecretario de Organización del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y exministro de Transportes, es una de las figuras más mediáticas de la política española debido a su participación en el denominado caso “Mascarillas”, relacionado con presuntas irregularidades cometidas durante la pandemia de la COVID-19.
Según la sentencia emitida por el Tribunal Supremo de España, también fueron condenados su exasesor Koldo García, a 19 años de cárcel, y el empresario Víctor de Aldama, a cuatro años y medio de prisión, este último beneficiado con una reducción de pena por su colaboración con la justicia.
INMUEBLE EN NUEVO CHIMBOTE
El nombre de José Luis Ábalos no es desconocido en Nuevo Chimbote. Durante los años en que dirigía la Fundación Internacional de Apoyo al Desarrollo Local y Social (Fiadelso), promovió diversos proyectos en la ciudad, entre ellos la construcción de un local comunal ubicado en la manzana X, lotes 7C y 7D de la urbanización Miguel Grau.
De acuerdo con información publicada anteriormente por este medio, el inmueble fue construido entre los años 2002 y 2005 con el propósito de servir como sede de la junta vecinal de la urbanización Miguel Grau, conformada por integrantes de la Asociación de Viviendas de Trabajadores Marítimos y Portuarios de Chimbote.
Sin embargo, para ejecutar la obra, la propiedad fue transferida temporalmente a Fiadelso, organización que operaba con recursos provenientes del Estado español. Aunque la construcción fue concluida, la ONG nunca devolvió formalmente el inmueble a la comunidad, quedando posteriormente inscrito a nombre de José Luis Ábalos.
CONFLICTO POR LA POSESIÓN
Desde el año 2019, el inmueble es ocupado por Jennifer Balta Cueva, quien sostiene actuar como representante de Ábalos en el Perú. Su presencia en el local originó un conflicto judicial con integrantes de la junta vecinal, quienes reclaman que la propiedad tiene carácter comunal y debe retornar a la comunidad para el cumplimiento de los fines para los cuales fue construida.
Los vecinos sostienen que el local fue concebido como un espacio de uso comunitario y cuestionan que permanezca bajo control de terceros. Además, recuerdan que diversos dirigentes y moradores participaron activamente en las gestiones que permitieron la construcción del inmueble.
Ante la reciente condena judicial impuesta a José Luis Ábalos en España, los dirigentes vecinales consideran que corresponde impulsar las acciones legales necesarias para recuperar la propiedad y devolverla al patrimonio comunal de la urbanización Miguel Grau.
Mientras tanto, el inmueble continúa en posesión de Jennifer Balta Cueva, en medio de una controversia que se mantiene vigente y cuya resolución aún se encuentra pendiente en las instancias correspondientes.