El presidente del Consejo Fiscal, Alonso Segura, consideró que el Gobierno de Keiko Fujimori debería aprovechar el reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) sobre la iniciativa de gasto para presentar demandas de inconstitucionalidad contra diversas leyes aprobadas por el Congreso que, a su juicio, generan un elevado costo fiscal y presentan vicios de constitucionalidad.
Segura saludó que el TC haya modificado su criterio sobre el artículo 79 de la Constitución, que reserva al Poder Ejecutivo la iniciativa de gasto público.
“Saludar que el TC haya modificado su criterio sobre el artículo 79 y otros artículos sobre iniciativa de gasto porque habían generado contingencias y obligaciones enormes al Estado que nos ponían en una senda de insostenibilidad fiscal, eventualmente la quiebra del Estado peruano”, afirmó.
El también exministro de Economía destacó que la sentencia deja en claro que el Congreso no puede aprobar iniciativas que generen gasto, tanto para el año fiscal vigente como para años posteriores.
“El fallo dice que el Congreso efectivamente no tiene iniciativa de gasto. Ese es un derecho del Ejecutivo por su rol rector de la hacienda pública. Aplicaba al gasto del año en curso y de años futuros también”, señaló.
Plantean revisar leyes de pensiones, CAS y creación de universidades
Consultado sobre los efectos del fallo, Segura sostuvo que el siguiente paso corresponde al próximo Gobierno, el cual dijo debería presentar acciones de inconstitucionalidad contra leyes ya vigentes que impliquen elevados compromisos fiscales.
“Lo que debe ocurrir ahora es ver qué hacer con las leyes aprobadas vigentes que tienen vicios de constitucionalidad”, indicó.
En ese sentido, planteó que el nuevo Ejecutivo impulse una revisión integral de diversas normas aprobadas por el Congreso. “El próximo Gobierno presente acciones de inconstitucionalidad en multiplicidad de leyes con fuertes vicios de constitucionalidad”, sostuvo.
Entre los casos que mencionó figuran las normas sobre pensiones de cédula viva para maestros, policías y militares; los beneficios de gratificación para trabajadores del régimen CAS y las leyes que crean nuevas universidades públicas.