Un grupo de 13 trabajadores de la Sociedad de Beneficencia de Chimbote, contratados bajo el régimen laboral 728, denunció haber sido suspendido de sus funciones por un periodo de cuatro meses sin goce de haber, medida que consideran una represalia por reclamar el reconocimiento de beneficios que, según afirman, sí reciben otros servidores de la entidad.
Los afectados señalaron que desde ha e buen tiempo vienen exigiendo la entrega de vales de consumo que, según indicaron, son otorgados al personal del régimen 276 como compensación por la exposición permanente a focos de contaminación durante las labores que realizan en el cementerio, especialmente por el contacto con nichos y restos de personas fallecidas.
Indicaron que, al no obtener respuesta favorable por la vía administrativa, decidieron presentar demandas judiciales para que se les reconozca este beneficio. Sin embargo, sostienen que la reacción de la Beneficencia de Chimbote fue disponer su suspensión sin remuneración por cuatro meses.
“Los que trabajamos en el camposanto estamos mucho más expuestos a la contaminación que el personal que labora en el área administrativa”, manifestó uno de los trabajadores, al insistir en que el beneficio debería alcanzar a quienes desarrollan labores de mayor riesgo.
Aseguraron que la justificación para sancionarlos con cuatro meses de suspensión es una supuesta apropiación de documentos para formular la demanda de judicial de reconocimiento de este beneficio. “Eso es mentira esos documentos los obtuvo un compañero cuando la Sunafil le devolvió años atrás cuando también formuló una demanda similar”, añadió el trabajador que prefirió mantener su identidad en reserva.
Los servidores aseguraron que la sanción busca apartarlos de sus puestos de trabajo y reducir gastos de personal con el propósito de destinar recursos a la construcción de un asilo. Aunque expresaron estar de acuerdo con la ejecución de dicho proyecto por su importancia social, consideraron que existen otras alternativas para financiarlo sin perjudicar los derechos laborales de los trabajadores.
Finalmente, los denunciantes solicitaron que las autoridades competentes evalúen su situación y revisen la medida disciplinaria, al considerar que vulnera sus derechos y constituye un acto de represalia por haber ejercido acciones legales en defensa de sus beneficios laborales.