El calendario ya ingresó a su octavo mes y, con ello, también comienza la etapa decisiva para la ejecución del presupuesto público destinado a inversiones. A estas alturas del año, los porcentajes de gasto dejan de ser simples estadísticas para convertirse en un indicador de la capacidad de gestión de las autoridades regionales y municipales. Cada punto porcentual representa una obra que avanza, una infraestructura que beneficia a la población o, por el contrario, una oportunidad que se pierde por la lentitud administrativa.
Las cifras publicadas por el Ministerio de Economía y Finanzas muestran una realidad que merece atención. El Gobierno Regional de Áncash apenas alcanza una ejecución del 32.60 % de su presupuesto de inversión pública, porcentaje que resulta insuficiente si se compara con otras regiones del país. Mientras Amazonas, Ayacucho, Junín e Ica ya superan el 60 % de ejecución, Áncash continúa rezagado pese a contar con uno de los presupuestos más importantes del territorio nacional gracias a los recursos provenientes del canon minero.
La comparación no busca establecer competencias entre regiones, sino evidenciar que sí es posible avanzar cuando existe planificación, capacidad técnica y una adecuada toma de decisiones. Los recursos públicos tienen una finalidad concreta: transformarse en obras y servicios para mejorar la calidad de vida de la población. Cuando ello no ocurre, los principales perjudicados son los ciudadanos.
Existen, por supuesto, factores que explican parte de estos resultados. Algunas obras enfrentan arbitrajes, contratos resueltos, observaciones técnicas o mecanismos especiales de financiamiento, como los fideicomisos administrados por entidades bancarias. Sin embargo, estas circunstancias no pueden convertirse en una justificación permanente para mantener bajos niveles de ejecución. La gestión pública exige anticiparse a los problemas, resolverlos oportunamente y evitar que los proyectos permanezcan paralizados durante meses o incluso años.
En el ámbito municipal también se observan contrastes importantes. La Municipalidad Distrital de Nuevo Chimbote registra una ejecución cercana al 59 %, cifra considerablemente superior a la de la Municipalidad Provincial del Santa, que apenas supera el 30 %. Otros distritos muestran avances moderados, mientras algunos permanecen por debajo de lo esperado. En todos los casos, el desafío es el mismo: acelerar la ejecución sin sacrificar la transparencia ni la calidad de las obras.
No se trata únicamente de gastar por gastar. Una elevada ejecución presupuestal carece de valor si las obras presentan deficiencias, sobrecostos o terminan siendo observadas por los órganos de control. La eficiencia debe ir acompañada de una correcta supervisión, de expedientes técnicos sólidos y de procesos de contratación transparentes. Solo así la inversión pública cumplirá realmente su propósito.
Quedan todavía cinco meses para concluir el año fiscal. Es un plazo suficiente para corregir retrasos, destrabar proyectos y recuperar el tiempo perdido, siempre que exista voluntad política y capacidad de gestión. La población espera resultados concretos y no explicaciones repetidas. Hospitales, colegios, sistemas de agua, carreteras, drenajes y espacios deportivos no pueden seguir dependiendo de la burocracia o de decisiones tardías.
Áncash dispone de recursos que muchas regiones quisieran tener. Lo que hoy se necesita es convertir ese presupuesto en obras culminadas y servicios de calidad. El reto para todas las autoridades es demostrar que aún están a tiempo de revertir estas cifras y cerrar el año con una ejecución que responda a las verdaderas necesidades de la población.