Los problemas en el Proyecto Inmobiliario Innomar continúan y se han agravado. Ayer, nuestro Diario publicó la información sobre un informe de Auditoría de la Contraloría General de la República y ha originado la reacción de los propios afectados que hasta el momento aseguran que no se resuelven los problemas.
La abogada Ámbar Gómez Bulnes manifestó a nuestro Diario que el 11 de junio del presente se realizó una reunión presencial y donde participó el promotor inmobiliario Roberto Jiménez Negrón, de manera virtual y se comprometió mediante un cronograma solucionar los pagos que figuran como deudas en la copia registral.
“Hasta el momento eso no ha ocurrido, no hay indicio alguno, ni tampoco existe información al respecto sobre algún pago realizado. El cronograma que presentó indica que en la tercera y cuarta semana de junio, primera y segunda de julio cancelaba las deudas con Indecopi, Sunat y Poder Judicial”, dijo Gómez Bulnes.
Además, agregó que en el cronograma señala que desde la segunda semana de julio hasta la primera de agosto se hará la inscripción del levantamiento de cargas en Sunarp. Hemos insistido en la información oficial y hasta el momento no tenemos ninguna, dijo la abogada.
“Todo sigue igual y quizás hasta peor, por eso decidieron acudir al Ministerio de Vivienda y esperan su pronunciamiento, eso esperamos, además vamos a remitir un documento a la Contraloría porque hay algunas cosas del informe de auditoría que deben quedar claras, porque no se adjudican responsabilidades”, manifestó.
Por otro lado, la partida electrónica de la parcela 29 la 07024950 que inicialmente tenía 3.7825 hectáreas, en el 2021 el avispado promotor inmobiliario para salirse de los problemas que él generó, sub divide el predio y la partida 07024950 queda con 1.1194 hectáreas que es donde están inscritos los embargos en forma de inscripción con Indecopi, Sunat y el Poder judicial.
Claro se mantiene la hipoteca del Banco de Crédito por lo que es inaudito esa conclusión del informe de auditoría del órgano de control donde señala que los inmuebles con los bonos habitacionales del Fondo Mi Vivienda no están afectos pero los documentos dicen otra cosa porque el BCP es dueño de esa hectárea y mil 194 metros.
Son once asientos inscritos en la partida electrónica como embargos y además hay un bloqueo registral ordenado por el BCP para inscribir un contrato de fideicomiso en garantía a favor de Fiduciaria SA.