El nuevo Hospital de Apoyo San Ignacio de Casma representa una de las inversiones públicas más importantes para la provincia en las últimas décadas. Con un presupuesto superior a los 110 millones de soles, esta infraestructura está llamada a cerrar una histórica brecha en los servicios de salud y ofrecer atención digna a miles de ciudadanos. Sin embargo, una vez más, las alertas emitidas por la Contraloría General de la República evidencian que el camino hacia su culminación continúa plagado de riesgos administrativos y de gestión que amenazan con prolongar una espera que ya resulta injustificable.
El reciente informe de control concurrente no denuncia hechos consumados de corrupción, pero sí identifica situaciones adversas que, de no corregirse de inmediato, podrían traducirse en nuevos retrasos, mayores costos y conflictos contractuales. Precisamente ese es el valor del control concurrente: advertir oportunamente para evitar que los problemas se conviertan en perjuicios irreparables para el Estado y, sobre todo, para la población.
Resulta preocupante que, pese a la reactivación anunciada del proyecto, los subcontratistas no estén ingresando a la obra conforme al cronograma establecido. Si quienes deben ejecutar los trabajos especializados no participan en los tiempos previstos, el calendario de ejecución pierde credibilidad y el riesgo de una nueva paralización aumenta considerablemente. Casma ya ha esperado demasiado para contar con un hospital moderno; no puede permitirse otro capítulo de incertidumbre.
Igualmente grave es la observación relacionada con los desembolsos efectuados sin acreditarse el pago a los subcontratistas. La estabilidad financiera de cualquier obra pública depende de una cadena de pagos transparente y oportuna. Cuando aparecen dudas sobre el cumplimiento de estas obligaciones, inevitablemente se generan conflictos que terminan afectando el avance de los trabajos. La experiencia nacional demuestra que muchas obras inconclusas comenzaron precisamente con problemas administrativos que fueron minimizados en sus primeras etapas.
La tercera alerta, referida a la falta de un cronograma para garantizar la retención de casi cinco millones de soles correspondientes a la garantía de fiel cumplimiento, también merece especial atención. Las garantías contractuales existen para proteger los recursos públicos frente a eventuales incumplimientos. Descuidarlas implica exponer al Estado a riesgos financieros que podrían tener consecuencias económicas importantes si surgen controversias durante la ejecución del contrato.
En este escenario, la Autoridad Nacional de Infraestructura tiene la responsabilidad de actuar con rapidez y transparencia. No basta con recibir el informe de la Contraloría; es indispensable adoptar medidas concretas, corregir las deficiencias detectadas y mantener informada a la ciudadanía sobre los avances del proyecto. La confianza pública se fortalece cuando las instituciones responden con hechos y no únicamente con declaraciones.
El Hospital de Casma no puede seguir siendo una promesa aplazada. Detrás de cada retraso hay pacientes que continúan recibiendo atención en instalaciones limitadas, profesionales de la salud que trabajan en condiciones poco adecuadas y familias que esperan un servicio acorde con sus necesidades. La inversión pública solo cumple su verdadero propósito cuando las obras se concluyen con calidad, dentro de los plazos previstos y con absoluta transparencia. Casma necesita un hospital funcionando, no una obra permanentemente observada por los organismos de control.