La política exige coherencia. Quien decide postular a un cargo de elección popular sabe que ese camino implica asumir responsabilidades, cumplir plazos y aceptar las consecuencias de cada decisión. Lo ocurrido con el alcalde distrital de Comandante Noel, Héctor Alejandro León Castrejón, refleja precisamente cómo una cadena de decisiones personales puede terminar generando incertidumbre institucional.
En junio solicitó licencia sin goce de haber para participar como candidato a la alcaldía provincial de Casma, conforme a las normas electorales. El Jurado Nacional de Elecciones actuó en estricto cumplimiento de la ley y, mediante la Resolución N.° 1754-2026-JNE, dejó sin efecto temporalmente su credencial y convocó al teniente alcalde para reemplazarlo durante el período comprendido entre el 4 de septiembre y el 4 de octubre. Hasta allí, todo seguía el procedimiento previsto.
Sin embargo, el escenario cambió cuando el 31 de julio el propio candidato presentó una renuncia voluntaria e irrevocable a su postulación por el partido País para Todos. Apenas un día después, el JNE publicó la resolución que formalizaba la convocatoria de su reemplazante, una decisión adoptada cuando aún estaba vigente la licencia aprobada por el concejo municipal.
Ahora, según las informaciones que llegan desde ese distrito, el alcalde busca que el pleno edil revoque aquella licencia porque ya no participará en las elecciones. En términos humanos, resulta comprensible que nadie quiera quedarse “sin soga y sin cabra”: sin candidatura y, al mismo tiempo, apartado temporalmente del cargo que ejerce. Pero el problema trasciende el interés personal. Lo que está en discusión es el respeto por la institucionalidad.
Las licencias electorales no son simples trámites administrativos que puedan activarse y desactivarse según cambien las circunstancias políticas de un candidato. Son mecanismos diseñados para garantizar la neutralidad de la función pública durante un proceso electoral. Si bastara con renunciar a una candidatura para dejar sin efecto todo el procedimiento ya iniciado, se abriría un precedente peligroso que convertiría las normas electorales en instrumentos flexibles al interés de cada autoridad.
También corresponde preguntarse si el concejo municipal tiene competencia para revertir una licencia cuyos efectos ya fueron reconocidos mediante una resolución del Jurado Nacional de Elecciones. La decisión del JNE produjo consecuencias jurídicas concretas: dejó sin efecto temporalmente una credencial y convocó oficialmente a otra autoridad para asumir el despacho. No parece tratarse de una situación que pueda resolverse únicamente con un nuevo acuerdo de concejo, sino que requerirá un pronunciamiento de la autoridad electoral.
Más allá del desenlace legal, este episodio deja una lección política. Antes de aceptar una candidatura deben evaluarse con seriedad las implicancias personales, familiares y administrativas. Renunciar cuando el calendario electoral ya ha avanzado no solo afecta al candidato; también compromete el funcionamiento de la municipalidad, obliga a movilizar recursos institucionales y genera incertidumbre entre la población.
Los ciudadanos esperan estabilidad, no improvisación. Quienes administran un municipio tienen el deber de colocar el interés público por encima de sus cálculos políticos. La democracia funciona cuando las reglas se respetan y las decisiones se asumen con responsabilidad. Cambiar de rumbo es un derecho, pero hacerlo después de haber activado todo el aparato institucional tiene costos que no deberían recaer sobre la administración pública ni sobre los vecinos de Comandante Noel.
La política necesita menos improvisación y más convicción. Porque las instituciones no pueden quedar sujetas a los vaivenes de las decisiones personales de quienes, por voluntad popular, fueron elegidos para gobernar.