La decisión del Jurado Electoral Especial de Huaraz de declarar improcedente la inscripción de la fórmula regional y la lista de consejeros de Acción Popular para el Gobierno Regional de Áncash no puede pasar inadvertida. Más allá de las consecuencias electorales para esta organización política, existe un hecho de especial gravedad que debe ser esclarecido: seis ciudadanos aseguran que nunca autorizaron su participación como candidatos y, además, desconocen las firmas que aparecen en los documentos presentados ante la autoridad electoral.
Estamos ante un asunto que trasciende la competencia estrictamente electoral. La democracia no puede construirse sobre candidaturas que una persona no reconoce ni ha autorizado. La participación política es un derecho, pero también exige voluntad expresa, transparencia y respeto absoluto por la identidad de quienes deciden postular a un cargo de elección popular.
Por ello resulta pertinente que el JEE de Huaraz haya dispuesto remitir al Ministerio Público las copias certificadas de los escritos y documentos cuestionados. No corresponde al organismo electoral determinar responsabilidades penales, pero sí poner en conocimiento de la Fiscalía aquellos hechos que podrían revestir características que ameritan una investigación.
Debe quedar claro que la remisión de la documentación no significa que exista una responsabilidad penal ya determinada. Será el Ministerio Público, mediante las diligencias correspondientes, el que deberá establecer si las firmas fueron efectivamente falsificadas, quiénes podrían estar involucrados y si se cometió algún delito. Precisamente por eso es indispensable que la investigación sea objetiva, técnica y transparente.
Lo ocurrido también debería generar una reflexión dentro de las propias organizaciones políticas. No basta con completar una lista de candidatos para cumplir formalmente con una elección. Cada candidatura representa la voluntad de un ciudadano y compromete su nombre, su trayectoria y su derecho a participar en la vida política. Los mecanismos internos de selección, verificación y presentación de documentos deben ofrecer garantías suficientes para impedir que situaciones como esta vuelvan a producirse.
El caso de Acción Popular debe ser investigado hasta sus últimas consecuencias, no para favorecer o perjudicar políticamente a una organización, sino para proteger la legitimidad del proceso electoral. Si se confirma que hubo falsificación de firmas, los responsables deberán responder ante la justicia. Y si las investigaciones determinan lo contrario, también deberá quedar claramente establecido.
Las elecciones regionales y municipales constituyen uno de los principales mecanismos de expresión ciudadana. Por eso, quienes aspiran a gobernar Áncash deben ser los primeros interesados en garantizar que el proceso sea limpio, transparente y respetuoso de la voluntad de los electores y de los propios candidatos.
El JEE ya dio un primer paso al advertir las irregularidades y trasladar la documentación al Ministerio Público. Ahora corresponde a la Fiscalía cumplir su función. La ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y a exigir que ninguna candidatura, partido o interés político esté por encima de la legalidad.