- Usuarios que acumulaban años de deuda volvieron a conectarse clandestinamente al servicio de agua potable.
- Sedachimbote detectó los casos y procedió a clausurar nuevamente las conexiones hasta que honren su deuda.
Usuarios que acumulaban meses e incluso años de deuda volvieron a conectarse clandestinamente al servicio de agua potable pese a tener el suministro cortado. Sedachimbote detectó los casos y procedió a clausurar nuevamente las conexiones.
La deuda no estaba pagada, pero el agua volvió a sus viviendas y negocios. Este fue el denominador común de varios casos detectados por Sedachimbote durante sus operativos de fiscalización: usuarios con servicios cortados por falta de pago que decidieron reconectarse de manera no autorizada sin regularizar primero sus deudas.
Entre los casos intervenidos figura Víctor Pumarica Sánchez, en Laderas del Norte, quien acumulaba 149 meses de deuda por un total de S/ 13,453.97, incluidos refinanciamientos incumplidos.
En el P.J. Miramar Alto, la panadería Marisol, cuyo suministro figura a nombre de Lili Bocanegra Izaguirre, registraba 208 meses de deuda y un saldo pendiente de S/ 19,510.96. Pese al corte del servicio, el predio había sido reconectado sin autorización.
La misma situación se repitió en Bellamar, donde Sedachimbote intervino dos predios reincidentes. Uno, a nombre de Julio Adalberto Ramos Jara, acumulaba 147 meses de deuda por S/ 17,163.70; mientras que el segundo, correspondiente a Javier Segundo Aguilar Alvino, registraba 169 meses de deuda y un saldo de S/ 8,584.52.
También fue intervenido un taller de motos en el A.H. Belén, a nombre de Asteria Villanueva Anacleto, con 25 meses de deuda y un monto pendiente de S/ 15,286.70.
Otro caso fue detectado en la urbanización El Pacífico, donde el suministro figura a nombre de Olinda Vargas Rosales, con 139 meses de deuda y un saldo de S/ 15,510.83.
Sedachimbote procedió a clausurar nuevamente los servicios de agua potable y alcantarillado y advirtió que las reconexiones clandestinas constituyen una infracción que puede generar nuevas clausuras, sanciones y, según corresponda, acciones legales.