Afectados piden honren su deuda:
Pese a que la empresa Grupo Jurado e Inversiones S.A.C. cumplió con brindar durante 34 días el servicio de alimentación del comedor universitario de la Universidad Nacional del Santa (UNS), la institución educativa superior habría rechazado la solicitud de pago y ahora pretende aplicar una penalidad por un presunto incumplimiento contractual, situación que ha sido cuestionada por la empresa proveedora.
La abogada de la compañía, Irma Espinoza Jurado, sostuvo que durante el primer ciclo académico de este año brindaron el servicio sin inconvenientes y que los estudiantes beneficiarios quedaron satisfechos con la atención recibida.
Según señaló, la propia Dirección de Bienestar Universitario emitió inicialmente informes favorables otorgando la conformidad al servicio; sin embargo, posteriormente el jefe de Abastecimiento de la UNS, Luis Hurtado Burga, rechazó la solicitud de pago y pidió al área usuaria elaborar un acta de penalidad.
La observación estaría relacionada con el supuesto incumplimiento de una cláusula contractual que exigía el uso de determinados equipos industriales. La empresa sostiene, no obstante, que la infraestructura del comedor universitario no cuenta con instalaciones eléctricas de alto voltaje necesarias para operar dichos equipos. Espinoza Jurado afirmó que esta situación fue comunicada oportunamente al rectorado y a las oficinas competentes de la universidad, pero no se habrían adoptado las medidas necesarias para solucionar la deficiencia.
La representante legal consideró injusto que ahora se pretenda responsabilizar a la empresa por una condición de infraestructura que, según su versión, fue advertida antes y durante la prestación del servicio. Asimismo, cuestionó que el área de Abastecimiento esté impulsando la elaboración de un acta de penalidad pese a que inicialmente Bienestar Universitario había dado su conformidad.
Ante esta situación, Grupo Jurado e Inversiones S.A.C. prepara acciones legales para enfrentar la eventual penalidad y exigir el reconocimiento del pago correspondiente por los 34 días de servicio prestado. La empresa sostiene que cumplió con atender a los estudiantes y que no corresponde sancionarla por la falta de condiciones técnicas que, asegura, fueron previamente comunicadas a las autoridades universitarias.