Era lo único que faltaba. Después de haber permanecido abandonada y sin vigilancia durante meses, ahora los delincuentes comenzaron a desmantelar la planta de oxígeno medicinal que, durante los momentos más críticos de la pandemia de la COVID-19, permitió salvar vidas en Chimbote.
La noticia no solo genera indignación. También obliga a formular una pregunta urgente: ¿qué está haciendo la Policía Nacional y qué harán las autoridades para impedir que terminen de llevarse esta infraestructura?
Los hechos ya no son una sospecha. Los sujetos habrían ingresado en tres oportunidades, el 30 de julio, al día siguiente y el domingo 16 de agosto, para sustraer cables, cobre y otros componentes de valor. Y si nadie interviene, es evidente que volverán.
No se trata de cualquier inmueble. Estamos hablando de una planta de oxígeno medicinal que nació de la solidaridad de Chimbote en uno de los momentos más difíciles de su historia reciente. Empresarios pesqueros, ciudadanos y las damas del apostolado Los Sagrados Corazones aportaron para hacer realidad una infraestructura que fue vital cuando los hospitales estaban desbordados y conseguir oxígeno podía significar la diferencia entre la vida y la muerte.
Y detrás de ese esfuerzo estuvo el recordado padre Giovanni Sabogal Osorio, quien impulsó esta obra con enorme compromiso y sensibilidad frente al sufrimiento de cientos de familias.
¿Vamos a permitir ahora que todo ese esfuerzo termine convertido en chatarra?
La Policía Nacional debe intervenir. Pero también corresponde preguntar por qué se permitió que una infraestructura de este valor quedara sin vigilancia, expuesta a delincuentes y consumidores de drogas que pueden ingresar prácticamente sin dificultad.
Que la planta ya no esté funcionando no significa que haya perdido su importancia. Una emergencia sanitaria, un desastre natural o cualquier otra circunstancia podría volver a hacer indispensable contar con una reserva de oxígeno medicinal.
Por eso, desmantelarla es una irresponsabilidad y dejar que continúe el saqueo sería todavía peor.
La Diócesis de Chimbote, las autoridades policiales, la Municipalidad Provincial del Santa, el Gobierno Regional, empresarios y representantes de la sociedad civil deben sentarse y encontrar una solución inmediata. Primero hay que detener los robos; luego corresponde evaluar la recuperación, seguridad y eventual puesta en funcionamiento de la planta.
No podemos esperar a que los delincuentes se lleven hasta el último cable para recién reaccionar.
La memoria del padre Giovanni Sabogal Osorio y el sacrificio de quienes hicieron posible esta obra merecen algo más que discursos. Merecen que la planta sea protegida.
La pregunta queda planteada: ¿intervendrá finalmente la PNP o esperaremos a que no quede absolutamente nada que proteger?
Chimbote no puede darse el lujo de perder, por abandono y delincuencia, una infraestructura que nació precisamente para salvar vidas.