Piden retiro de estructuras:
El Juzgado Constitucional de la Corte Superior de Justicia del Santa admitió a trámite la demanda de hábeas corpus presentada por el colegio particular parroquial Santa Rosa de Lima contra la junta directiva de la Asociación de Moradores de la Urbanización La Caleta, por la presunta vulneración del derecho a la libertad de tránsito debido al bloqueo de diversas calles mediante rejas, tranqueras y otros elementos de restricción.
La demanda fue formulada por la abogada Fiorella Del Carpio Bulnes, en representación de la comunidad educativa del plantel, que funciona en la misma urbanización. Según el recurso, el cierre de varias vías estaría afectando el desplazamiento peatonal y vehicular de estudiantes, docentes y padres de familia, además de generar preocupación frente a eventuales situaciones de emergencia.
Uno de los principales argumentos planteados ante el órgano jurisdiccional sostiene que “se vulnera de forma directa el derecho a la libertad de tránsito”, reconocido en el artículo 2, inciso 11, de la Constitución Política, y que esta afectación tendría relación con otros derechos, como la educación de los menores de edad, su seguridad personal y la posibilidad de realizar una evacuación ante desastres naturales u otras emergencias”.
La parte demandante solicita que se disponga el retiro inmediato de las rejas, tranqueras y demás elementos de bloqueo instalados en diferentes puntos de la urbanización.
Entre las vías señaladas figuran las intersecciones de la calle Las Palmeras con la avenida José Pardo y con la prolongación Francisco Bolognesi; calle Los Cedros con avenida Pardo y prolongación F. Bolognesi; calle Los Ficus con prolongación F. Bolognesi; calle Los Pinos, en la parte posterior del Hospital La Caleta; Los Fresnos con avenida Pardo; Las Casuarinas con avenida Industrial, además de otras calles.
De acuerdo con la demanda, estas restricciones impedirían de manera arbitraria el libre tránsito hacia la institución educativa, afectando particularmente a los alumnos y a quienes diariamente deben ingresar o salir del plantel.
Como sustento de sus afirmaciones, la parte demandante ha presentado diversos medios probatorios, entre ellos fotografías y videos que registrarían las condiciones de las vías y los elementos utilizados para impedir o restringir el paso.
INSPECCIÓN JUDICIAL
El juez constitucional Millner Henry Ibáñez Vega, al admitir a trámite la demanda, ha dispuesto como parte de las diligencias una inspección in situ en la zona materia de controversia.
La diligencia ha sido programada para las 10:00 de la mañana del 4 de septiembre, y para ella ha sido citado Luis Alberto Mejía Guzmán, en su condición de presidente de la directiva de la Asociación de Moradores de la Urbanización La Caleta.
Asimismo, el juzgado ha solicitado información a la Municipalidad Provincial del Santa para determinar si existe autorización municipal para la instalación de las rejas, tranqueras u otros mecanismos de bloqueo en las calles señaladas en la demanda.
La decisión judicial permitirá verificar directamente las condiciones de las vías y determinar, dentro del proceso constitucional, si las restricciones denunciadas constituyen una afectación al derecho fundamental a la libertad de tránsito y si corresponde disponer medidas para garantizar el acceso y desplazamiento de la comunidad educativa del colegio Santa Rosa de Lima.