La situación del Desembarcadero Pesquero Artesanal (DPA) de Chimbote se torna cada vez más insostenible. A pocos días de concluir el octavo mes del 2026, y cuando la actual gestión del Gobierno Regional de Áncash entra en su tramo final, la Organización Social de Pescadores Artesanales (OSPA) Isla Blanca continúa ocupando las instalaciones del desembarcadero, pese a que el convenio que le permitía permanecer en dicho recinto venció el 29 de setiembre de 2025.
Freddy Velásquez, quien se desempeñó como administrador del DPA de Chimbote antes de la actual gestión regional, señaló que, en las actuales circunstancias, corresponde al procurador público regional adoptar las acciones legales necesarias para recuperar la infraestructura.
Explicó que, al haber concluido el convenio con Isla Blanca el 29 de setiembre del año pasado, ya no existiría un vínculo vigente que sustente su permanencia en el desembarcadero. En ese sentido, sostuvo que la Procuraduría Regional debería intervenir y evaluar la recuperación extrajudicial del bien, conforme a los mecanismos establecidos en la Ley N.° 30230 para la recuperación de predios estatales.
Velásquez recordó que el Gobierno Regional de Áncash emitió resoluciones mediante las cuales se resolvió el convenio suscrito con la organización pesquera. Sin embargo, pese a dichas decisiones administrativas, Isla Blanca habría continuado ocupando los ambientes del DPA, desconociendo la disposición de la entidad regional.
Posteriormente, los representantes de la organización, asesorados por un abogado, argumentaron que habrían sido coaccionados para suscribir el convenio y plantearon la posibilidad de recurrir a un proceso arbitral. No obstante, Velásquez enfatizó que el plazo del convenio culminó en setiembre de 2025 y, pese al tiempo transcurrido, la organización permanece en las instalaciones.
SILENCIO DE DIREPRO Y DEL GOBIERNO REGIONAL
El exadministrador cuestionó también el silencio de la Dirección Regional de la Producción frente a esta situación. Consideró que la falta de una posición clara de la dependencia regional genera incertidumbre respecto de las acciones que deberían adoptarse para garantizar la administración y recuperación de una infraestructura pública destinada a los pescadores artesanales.
Asimismo, sostuvo que el gobernador regional debería recibir información precisa y documentada sobre la situación real del desembarcadero, a fin de adoptar las decisiones que correspondan.
Actualmente, José Jiménez Silva figura como director de la OSPA Isla Blanca, organización que continúa ocupando espacios dentro del DPA de Chimbote sin que, según Velásquez, se haya hecho público un documento vigente que sustente su permanencia.
La continuidad de Isla Blanca dentro de una infraestructura de propiedad del Estado, casi un año después de vencido el convenio, plantea la necesidad de que el Gobierno Regional de Áncash esclarezca la situación jurídica del inmueble y determine, con transparencia y dentro del marco legal, quién tiene derecho a utilizar sus instalaciones.
El DPA de Chimbote constituye una infraestructura estratégica para el sector pesquero artesanal. Por ello, la prolongación de esta controversia sin una solución definitiva genera preocupación entre los usuarios y exige una respuesta concreta de las autoridades regionales antes de que concluya la actual gestión.