Algo está pasando, y no precisamente algo bueno, dentro de la Universidad Nacional del Santa (UNS). Una institución que debería ser sinónimo de conocimiento, investigación, transparencia y buena administración viene acumulando hechos que merecen una explicación pública y, sobre todo, una revisión profunda de sus mecanismos de seguridad y gestión.
El reciente ingreso de la Fiscalía al almacén central de la universidad para intervenir un lote de tóner para impresoras, adquirido por aproximadamente 21 mil soles y cuya autenticidad se encuentra bajo investigación, vuelve a colocar a la UNS en el centro de la atención pública. No se trata de adelantar conclusiones ni de señalar culpables. Para eso están las pericias y la investigación fiscal. Pero tampoco se puede mirar este hecho como un episodio aislado.
Hay antecedentes que preocupan.
El 30 de noviembre de 2024 se informó sobre la pérdida de 13 laptops pertenecientes a la Escuela de Ingeniería. Meses después, el 15 de mayo de 2025, se conoció el robo de equipos de la Escuela de Comunicaciones, entre ellos filmadoras, drones y cámaras fotográficas. Y el 20 de enero de 2026 se reportó el robo de 21 computadoras de la Escuela de Derecho y Ciencias Políticas.
Son demasiados equipos y demasiados hechos para que todo pueda reducirse a simples casualidades.
Una universidad pública no administra bienes privados. Administra recursos de todos los peruanos. Y en el caso de la UNS, estamos hablando además de una institución que recibe importantes recursos provenientes del canon minero y que cuenta con una infraestructura que muchas universidades podrían envidiar. Es una casa superior de estudios moderna, con capacidad para formar profesionales y generar investigación.
Pero una buena infraestructura no sirve de mucho si existen debilidades en la gestión, en los controles internos, en la seguridad patrimonial o en los procesos de adquisición.
La intervención fiscal por los tóner plantea ahora otra interrogante. Si finalmente las pericias confirman que se adquirieron productos falsificados, habrá que determinar cómo ingresaron a una institución pública, quién verificó las características del producto, quién autorizó la compra y qué controles se aplicaron antes de pagar los aproximadamente 21 mil soles.
Y si las pericias determinan que los productos son auténticos, corresponderá también aclararlo públicamente.
Lo que no puede ocurrir es que cada caso termine archivado en el silencio administrativo.
La comunidad universitaria, los estudiantes, docentes, trabajadores y la ciudadanía tienen derecho a saber qué está ocurriendo. La transparencia no puede aparecer solamente cuando interviene la Fiscalía.
La UNS necesita revisar sus protocolos de seguridad, inventarios, almacenes, adquisiciones y mecanismos de control. Necesita saber qué pasó con las computadoras, laptops y equipos desaparecidos y establecer si existen patrones, responsabilidades administrativas o fallas estructurales.
No se trata de dañar la imagen de la universidad. Todo lo contrario. Se trata de defenderla.
La UNS merece recuperar la confianza de la ciudadanía. Y para ello no basta con tener edificios modernos, laboratorios y recursos. También hace falta una gestión capaz de cuidar cada equipo, cada sol y cada bien público.
Porque cuando desaparecen equipos, cuando existen cuestionamientos sobre adquisiciones y cuando la Fiscalía termina ingresando a los almacenes, la pregunta deja de ser incómoda y se vuelve inevitable:
¿Qué está pasando dentro de la Universidad Nacional del Santa?