Ante proceso de habeas corpus:
Desde las 10 de la mañana de ayer viernes, el juez constitucional Millner Henry Ibáñez Vega realizó una diligencia de constatación de las rejas instaladas en las calles de la urbanización La Caleta, en el marco del proceso de hábeas corpus presentado contra la directiva de la urbanización por la comunidad de padres de familia del colegio particular Santa Rosa de Lima.
La diligencia judicial comenzó en el sector colindante con el Hospital La Caleta, donde el magistrado constató la existencia de rejas habilitadas para el tránsito vehicular y, en uno de sus laterales, una puerta metálica destinada al paso peatonal.
A partir de ese punto, el juez recorrió diversas calles de la urbanización, especialmente aquellas que forman parte del perímetro cerrado mediante estructuras metálicas. Durante el recorrido verificó que en varias vías las rejas permanecían cerradas y no contaban con personal de vigilancia, por lo que el ingreso y salida de los moradores dependía del uso de una llave para abrir las puertas metálicas.
Una situación diferente fue constatada en una de las calles ubicada frente al boulevar Isla Blanca, donde las rejas se encontraban abiertas y había un vigilante encargado del control del acceso.
Durante la diligencia, el magistrado formuló preguntas al presidente de la Asociación de Moradores de La Caleta, Luis Alberto Mejía Guzmán, quien estuvo acompañado por el abogado de la directiva, Carlos Meneses. También participaron representantes de la parte contraria, entre ellos la abogada Fiorella Del Carpio Bulnes y el abogado Mario Chu Morales.
Asimismo, estuvo presente la hermana Ruth, directora del colegio particular Santa Rosa de Lima, además de algunas madres de familia que respaldan la demanda de hábeas corpus. Por otro lado, también acudieron algunos moradores que expresaron su respaldo a la dirigencia de la urbanización.
SEGURIDAD VERSUS LIBRE TRÁNSITO
Durante el recorrido se produjo un intercambio de argumentos entre ambos sectores. Los moradores que defienden la permanencia de las rejas sostuvieron que estas fueron colocadas como una medida de seguridad frente a la delincuencia y para proteger a las familias residentes.
En la posición contraria, los representantes de la comunidad educativa y los padres de familia cuestionaron que las calles permanezcan cerradas, argumentando que esta situación restringiría el derecho constitucional al libre tránsito.
Por su parte, nuestro reportero verificó que varias de las rejas instaladas en las calles ubicadas frente a la playa La Caleta permanecían completamente cerradas y no contaban con vigilantes. En algunos casos, incluso, se observó que las cerraduras no tenían manijas visibles para facilitar su apertura y que determinadas estructuras presentaban signos de oxidación, de tal modo que se tuvo que recorrer varias cuadras para salir por donde se ingresó. Esto evidenciaba las condiciones reales de acceso a dichas vías.
Concluida la inspección, el juez constitucional procedió al levantamiento del acta correspondiente, dejando constancia de las situaciones observadas durante el recorrido.
El conflicto judicial tendrá un nuevo capítulo el próximo viernes, cuando se desarrolle la audiencia en la que ambas partes expondrán sus respectivos argumentos.
El proceso pone sobre la mesa un delicado conflicto entre dos derechos e intereses que los involucrados consideran fundamentales: el derecho al libre tránsito y el derecho de los vecinos a contar con condiciones de seguridad. Será finalmente la autoridad judicial la que determine si las condiciones en que se mantienen las rejas en la urbanización La Caleta constituyen o no una restricción ilegítima al tránsito.