Por sexta vez, la diligencia judicial para reponer a cinco trabajadores de la Universidad San Pedro (USP) no pudo concretarse, luego de que, según el acta levantada durante la intervención, no se encontraran autoridades de la casa de estudios dispuestas a cumplir con la orden de reposición.
La diligencia se realizó ayer por la mañana en el local del Rectorado de la Universidad San Pedro, hasta donde acudieron los cinco trabajadores demandantes, acompañados por su abogado, el secretario cursor y efectivos de la Policía Nacional del Perú, con la finalidad de ejecutar el mandato contenido en la Resolución N.° 26, emitida el 3 de agosto de 2026, dentro del expediente judicial N.° 02968-2024-2501-JR-LA-09.
De acuerdo con el acta de diligencia de reposición, los demandantes se constituyeron en el local de la universidad para dar cumplimiento a lo ordenado judicialmente. Sin embargo, se dejó constancia de que no se encontraron a los funcionarios de la Universidad San Pedro para llevar adelante la diligencia.
Ante esta situación, el abogado de los trabajadores presentó un nuevo escrito ante el Segundo Juzgado de Trabajo – NLPT de la Corte Superior de Justicia del Santa, solicitando que se haga efectivo el apercibimiento establecido en la resolución judicial y se imponga a la universidad una multa de 12 Unidades de Referencia Procesal (URP) por el presunto incumplimiento reiterado del mandato de reposición.
El letrado sostiene que los cinco trabajadores, quienes fueron despedidos y mantienen un proceso judicial en ejecución de sentencia, concurrieron nuevamente al centro laboral para ser repuestos, pero la diligencia no pudo ejecutarse.
PIDEN NUEVA DILIGENCIA CON APOYO POLICIAL
El abogado también solicitó al juzgado que se habilite un nuevo día y hora, con carácter inmediato, para ejecutar la reposición, con la participación del secretario cursor, los trabajadores, su defensa legal y efectivos de la Policía Nacional.
Asimismo, planteó que, en caso se vuelva a impedir el ingreso del personal judicial y policial al local del Rectorado, se autorice el descerraje de las puertas de acceso, además de formularse la denuncia penal correspondiente.
En su escrito, la defensa también solicita que se advierta a los funcionarios de la Universidad San Pedro sobre una eventual detención en flagrancia, invocando el artículo 259 del Nuevo Código Procesal Penal, si se configura un delito flagrante durante el incumplimiento de la diligencia judicial.
El pedido está dirigido contra quienes, según el escrito presentado ante el juzgado, tienen responsabilidades en la administración y representación de la universidad: el rector y encargado de la Dirección de Administración, Javier Ulloa Siccha; el jefe de Recursos Humanos, Jhonatan Almendras Mariluz; y el apoderado judicial, César Alberto Obando Cadillo.
La defensa de los trabajadores considera que la reiterada imposibilidad de ejecutar la reposición constituye un incumplimiento de una orden judicial y advierte que las autoridades y funcionarios están obligados a acatar los mandatos judiciales en sus propios términos.
El caso queda ahora en manos del juzgado, que deberá evaluar el pedido de multa de 12 URP, así como las medidas solicitadas para garantizar el cumplimiento efectivo de la orden de reposición de los cinco trabajadores.
La controversia se encuentra en etapa de ejecución de sentencia, por lo que corresponderá al órgano jurisdiccional determinar las responsabilidades y medidas que resulten legalmente pertinentes.