Lo que Sedachimbote anunció el pasado 8 de julio como una denuncia contra los responsables de las obras del Pozo 18 y Reservorio IV ahora tiene un nuevo elemento: la Contraloría General de la República ha recomendado iniciar acciones penales contra cinco exfuncionarios de la empresa por las irregularidades detectadas específicamente en el Reservorio IV.
La recomendación está contenida en el Informe de Auditoría N.° 013-2026-2-4164-AC, aprobado el 1 de setiembre de 2026, que establece presunta responsabilidad penal de cinco exfuncionarios por hechos ocurridos durante la elaboración del expediente técnico, contratación y ejecución de la obra.
La auditoría determinó deficiencias en el expediente técnico, restricciones a la libre concurrencia de postores y observaciones en el proceso de selección. Pero uno de los aspectos más graves se produjo durante la ejecución: se otorgaron conformidades y se tramitaron pagos por el componente Reservorio pese a que la estructura presentaba deficiencias en la resistencia del concreto y filtraciones de agua.
El resultado fue que el componente terminó inutilizable, generando un perjuicio económico de S/ 485 368,31, además de afectar la finalidad pública de una obra destinada a mejorar el servicio de agua potable.
La Contraloría ha identificado como comprendidos en la presunta responsabilidad penal a Manuel Alejandro Ascón Escudero, Alejandro Quirino Huaccha Quiroz, Ángel Willian Escobedo Cruz, Daniel Ernesto Reaño Vidal y Diana Yurisel Gonzales Flores, y recomienda a la Procuraduría Pública Especializada en Delitos de Corrupción iniciar las acciones penales correspondientes.
Esta recomendación constituye una actuación distinta de la denuncia que Sedachimbote anunció el 8 de julio y que comprendía tanto el Reservorio IV como el Pozo 18.
Por ello, ahora corresponde conocer qué avance tuvo aquella denuncia anunciada por Sedachimbote y qué hará la empresa frente a la nueva recomendación de Contraloría. En el caso del Reservorio IV, el órgano de control ya ha establecido hechos, identificado a los funcionarios comprendidos y determinado un perjuicio económico. Corresponde ahora que las instancias competentes determinen las responsabilidades que correspondan.