INFORME IPE
Esta tasa se multiplicó por siete desde 2020, mientras que la de denuncias por minería ilegal se duplicó. En tanto, disminuyeron los recursos destinados a orden público y seguridad.
La inseguridad se ha convertido en una preocupación creciente en Áncash reflejada en la percepción ciudadana: 7 de cada 10 ancashinos considera que la delincuencia es uno de los principales problemas del país. A pocos días de las Elecciones Regionales y Municipales de octubre, resulta relevante evaluar si los candidatos plantean medidas viables para enfrentarla desde sus ámbitos de responsabilidad.
Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, Áncash registró 4,254 denuncias totales por cada 100 mil habitantes, una tasa superior al promedio nacional (3,487) y la novena más alta del país. Este nivel es 1.7 veces el registrado en 2020 (2,573). El deterioro también se observa en los delitos violentos. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, las tasas de extorsión y homicidios por cada 100 mil habitantes fueron 82.7 y 56.3, respectivamente. Ambos casos se encuentran sobre el promedio nacional y multiplican las tasas registradas en 2020 por 7.1 y 1.7, respectivamente. Asimismo, la tasa de extorsiones fue la quinta más alta del país y siete de cada diez casos se concentraron en los distritos de Chimbote, Nuevo Chimbote y Huaraz.
La mayor inseguridad coincide con la expansión de la minería ilegal. Entre septiembre de 2025 y agosto de 2026, Áncash alcanzó una tasa de 13 denuncias por minería ilegal por cada 100 mil habitantes, el doble de lo reportado en 2020 (6.4) y por encima del promedio nacional (9.5). En el mismo periodo, Chimbote, Nuevo Chimbote y Huaraz concentraron, en conjunto, 27.3% de las denuncias de la región.
A pesar del agravamiento de la inseguridad, los recursos destinados a enfrentarla se han reducido. El presupuesto asignado a la región para orden público y seguridad se redujo por segundo año consecutivo: cayó 38%, descontando la inflación, hasta S/593 millones en 2026. Además, en lo que va de septiembre, apenas se ha ejecutado el 60% del presupuesto, por debajo del promedio nacional (65.6%).
A ello se suman las sucesivas prórrogas del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo). Si bien el registro fue creado para facilitar la formalización, su permanencia ha sido cuestionada por permitir que, en determinados casos, operadores con inscripción suspendida continúen activos. Tras la depuración realizada en 2025, el Ministerio de Energía y Minas reportó que 271 inscritos en Áncash se encontraban suspendidos, equivalentes al 21.8% del total regional.
Frente a este escenario, los gobiernos subnacionales cumplen un papel relevante dentro de sus competencias. Las municipalidades pueden fortalecer el serenazgo, identificar zonas de riesgo y coordinar acciones con la Policía, mientras que el Gobierno Regional puede articular intervenciones, ejecutar inversiones en seguridad y reforzar la prevención. Asimismo, le corresponde fiscalizar a la pequeña minería y la minería artesanal. De cara a las elecciones de octubre, será relevante evaluar si los candidatos plantean medidas viables, acordes con estas responsabilidades, y si cuentan con capacidad para ejecutarlas.