A solo dos días de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el problema de los denominados “votos golondrinos” continúa generando preocupación en Áncash. El presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de Áncash, Jorge Luis Temple, confirmó que, pese a las acciones de verificación realizadas por el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), la situación no ha sido resuelta en su totalidad.
El magistrado informó que RENIEC ha emitido nueve informes como resultado de las verificaciones domiciliarias efectuadas en diferentes puntos de la región. Estos documentos han servido de sustento para que la Sexta Fiscalía abra investigaciones en cada uno de los casos reportados.
San Marcos y Chavín de Huántar, ambos en la provincia de Huari, se mantienen como puntos especialmente sensibles. La preocupación no es reciente. En mayo, RENIEC informó que San Marcos concentraba más de 8 mil cambios de domicilio observados, mientras que en Chavín de Huántar se detectaron más de 4 mil casos. La propia entidad señaló que ambos distritos se encontraban entre los que presentaban mayores variaciones y que el fenómeno debía ser evaluado individualmente para determinar si existía o no una finalidad electoral.
Temple explicó que los nueve informes corresponden a las verificaciones que pudieron realizarse antes del cierre del padrón electoral. Sin embargo, sostuvo que ello no significa que todos los casos hayan sido identificados, por lo que podrían existir ciudadanos que todavía figuren en los padrones de distritos donde no residirían efectivamente.
“Los golondrinos” son aquellos electores que presuntamente trasladan su domicilio electoral a una jurisdicción distinta a la de su residencia habitual. El JNE define este fenómeno como el traslado de electores de un distrito a otro con la intención de favorecer una determinada candidatura. No obstante, RENIEC ha precisado que un cambio irregular de domicilio no constituye automáticamente un delito y que debe acreditarse una finalidad electoral para establecer una eventual responsabilidad penal.
El fiscal superior señaló que precisamente esa será una de las tareas del Ministerio Público: determinar si los casos detectados corresponden a situaciones individuales o si existió algún nivel de organización, financiamiento o coordinación para trasladar electores con una finalidad electoral.
La investigación, remarcó, no terminará el 4 de octubre. La Fiscalía continuará recibiendo información y realizando diligencias después de la jornada electoral para establecer las responsabilidades que correspondan.
Frente a este escenario, el Ministerio Público anunció un amplio despliegue para la jornada electoral. Un total de 430 fiscales serán distribuidos en los centros de votación de las 13 provincias de Áncash, mientras que se han conformado 13 equipos especiales, integrados por aproximadamente 38 fiscales, para atender intervenciones urgentes relacionadas con delitos electorales y hechos conexos.
Temple también se refirió a los bloqueos registrados en la zona de acceso a Huari y advirtió que impedir el libre tránsito puede constituir delito. Señaló que la Sexta Fiscalía ya habría iniciado una investigación por los hechos ocurridos en el túnel y exhortó a los dirigentes de los frentes de defensa y organizaciones sociales a expresar sus reclamos por vías democráticas.
El representante del Ministerio Público pidió finalmente a los ciudadanos que posean información sobre presuntas irregularidades que la proporcionen a la Policía o a la Fiscalía. El objetivo, sostuvo, es garantizar que el resultado de las elecciones sea el reflejo de la voluntad de los ciudadanos y no consecuencia de maniobras destinadas a alterar el padrón electoral.