Ayer, domingo 4 de octubre, los peruanos volvimos a las urnas. Y más allá de los resultados que conoceremos en las próximas horas, hay un hecho que merece ser destacado: la enorme predisposición de la ciudadanía para cumplir con su deber electoral.
Al momento de escribir estas líneas todavía no se conocen las cifras oficiales de participación. Sin embargo, lo que se observa en las calles, en los centros de votación y en las largas filas de electores permite advertir una concurrencia mayoritaria. Hombres y mujeres que, pese al desencanto, las dudas y las críticas al sistema político, han decidido acudir a votar.
Muchos cuestionan el sistema electoral. Y razones no faltan. Es imperfecto, tiene deficiencias y muchas veces termina colocando al ciudadano frente a alternativas que no necesariamente representan sus expectativas. Pero esta es la democracia que tenemos. Y, por ahora, no existe otro camino que no sea perfeccionarla mediante la participación ciudadana y el respeto irrestricto a las reglas de juego.
Por eso resulta importante reconocer la actitud de quienes hoy acudieron a las urnas. Votar no significa necesariamente estar satisfecho con los candidatos ni con las instituciones. Significa entender que la decisión sobre quiénes nos gobernarán corresponde a los ciudadanos y no a grupos de poder, organizaciones políticas o minorías que pretenden imponer sus preferencias por la fuerza.
En esta jornada, en nuestra región Áncash, la ODPE Santa tiene una responsabilidad particularmente importante, pues concentra alrededor de 440 mil electores. Por ello, cualquier incidencia registrada en esta jurisdicción adquiere especial relevancia y merece ser observada con responsabilidad.
Por otro lado, lamentablemente, en diversos pueblos de la zona de Conchucos se registraron momentos de tensión y hechos de violencia relacionados con el intento de impedir que determinadas personas, consideradas “golondrinas”, ejercieran su derecho al voto.
La preocupación por el voto golondrino puede ser legítima. Si existen electores que fueron trasladados artificialmente para alterar el resultado de una elección, corresponde a las autoridades electorales investigar, identificar responsabilidades y aplicar la ley. Pero nadie puede arrogarse el derecho de decidir quién vota y quién no. Mucho menos mediante amenazas, agresiones o actos de violencia.
La democracia no puede defenderse destruyéndola. Si un ciudadano figura en el padrón electoral y cumple con las condiciones legales para votar, corresponde garantizarle ese derecho. Si existe fraude, debe denunciarse y probarse por las vías institucionales.
Lo ocurrido en Conchucos debe servir como una advertencia. No podemos permitir que la legítima desconfianza hacia el sistema termine convirtiéndose en violencia contra otros ciudadanos.
Hoy hemos vuelto a votar. Y ese acto, con todas sus imperfecciones, sigue siendo nuestra principal herramienta para decidir nuestro futuro. Defendamos el voto, pero también defendamos las reglas, la tolerancia y la paz. Porque una elección democrática no termina cuando se cierran las mesas: comienza cuando todos aceptamos respetar el resultado.