La advertencia está hecha. Esta vez proviene de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), que alerta sobre el rápido fortalecimiento del fenómeno El Niño y la probabilidad de que sus efectos se prolonguen hasta febrero de 2027. Los pronósticos advierten sobre temperaturas oceánicas extraordinarias y alteraciones en los patrones de lluvia que podrían desencadenar sequías e inundaciones en distintas regiones. Frente a semejante escenario, la pregunta es inevitable: ¿estamos preparados para afrontar sus consecuencias?
Hemos visto las imágenes del huaico que descendió por las calles de una zona residencial de Santiago de Chile, convirtiendo en cuestión de minutos espacios urbanos en peligrosos cauces de lodo y agua. Esas escenas no deben observarse como una realidad lejana. Constituyen una advertencia de lo que puede suceder cuando las lluvias intensas encuentran quebradas activas, cauces obstruidos, viviendas expuestas y ciudades que no han tomado las precauciones necesarias.
En Áncash, particularmente en la provincia del Santa, sabemos que el agua busca su camino. Las quebradas que permanecen aparentemente inactivas durante largos periodos pueden convertirse en torrentes destructivos cuando se presentan precipitaciones extraordinarias. El peligro no está únicamente en la intensidad de las lluvias, sino también en la ocupación de zonas vulnerables, la falta de drenaje adecuado, la acumulación de residuos y la ausencia de obras preventivas oportunas.
Por eso, resulta inaceptable que las autoridades esperen la llegada de las emergencias para recién organizarse, convocar reuniones y anunciar medidas que debieron ejecutarse meses atrás. La prevención no consiste en emitir comunicados ni en fotografiarse durante inspecciones de último momento. Consiste en limpiar cauces, descolmatar quebradas, reforzar defensas ribereñas, identificar viviendas expuestas, habilitar rutas de evacuación y garantizar que los sistemas de alerta funcionen cuando más se necesitan.
También corresponde revisar el estado de las obras de drenaje, las vías de acceso y los proyectos destinados a reducir el riesgo de inundaciones. Los municipios y el Gobierno Regional de Áncash deben informar qué trabajos están concluidos, cuáles permanecen pendientes y cuánto dinero se ha destinado realmente a proteger a la población. La transparencia es indispensable, porque los recursos públicos destinados a prevención no pueden terminar atrapados en la burocracia ni convertirse en promesas que se repiten cada año.
El Gobierno Nacional, por su parte, debe asegurar asistencia técnica, presupuesto y coordinación efectiva con las autoridades locales. No basta con declarar emergencias cuando los daños ya están consumados. La gestión del riesgo exige anticipación, responsabilidades claramente definidas y capacidad de respuesta.
Naturalmente, los pronósticos climáticos no permiten asegurar que cada localidad sufrirá las mismas consecuencias ni que todas las quebradas se activarán. Pero esa incertidumbre no justifica la inacción. Al contrario, obliga a prepararse con mayor responsabilidad, considerando los escenarios más peligrosos y priorizando a las familias que viven en zonas expuestas.
El Niño se fortalece y el tiempo para prevenir se acorta. Las autoridades de Áncash tienen la obligación de actuar desde ahora, sin esperar que el agua arrastre viviendas, destruya carreteras o cobre vidas humanas.
Después de una tragedia, abundan las explicaciones y las promesas. Antes de ella, lo que se necesita es voluntad, planificación y trabajo. Si la advertencia internacional está hecha, cualquier desastre agravado por la falta de prevención será también una señal de responsabilidad incumplida.