El propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha reconocido oficialmente la gravedad de la situación de cinco puentes ubicados en la carretera Panamericana Norte, al declararlos en emergencia sectorial por los daños, el deterioro estructural y el peligro inminente que representan para los usuarios. Cuatro de estas infraestructuras Huarmey, Chao, Huamanzaña y Culebras se encuentran en nuestra región o forman parte de este corredor vial estratégico que conecta Áncash con La Libertad. El quinto, el puente Carrizal, ya está fuera de servicio.
La Resolución Ministerial N.° 564-2026-MTC/01.02 no debe convertirse en un simple documento administrativo que termina archivado mientras los problemas continúan agravándose. Por el contrario, debe marcar el inicio de una intervención urgente, planificada y efectiva para recuperar la seguridad de estas estructuras y evitar que su deterioro provoque consecuencias mayores.
El diagnóstico oficial es preocupante. El puente Carrizal presenta daños y deterioro en sus elementos estructurales, situación que ha obligado a dejarlo fuera de servicio. En los otros cuatro puentes, el propio MTC reconoce deficiencias estructurales, funcionales e hidráulicas que comprometen la seguridad de los usuarios y la continuidad del transporte. No estamos, por tanto, ante simples desperfectos que puedan atenderse cuando exista disponibilidad presupuestal o cuando las autoridades encuentren un espacio en su agenda. Estamos ante riesgos que requieren respuestas inmediatas.
La carretera Panamericana Norte constituye una arteria fundamental para el transporte de pasajeros, el comercio, la actividad agroindustrial y el abastecimiento de los mercados. La Red Vial 4, que comprende los tramos Pativilca-Santa-Trujillo y Salaverry-Empalme R01N, soporta diariamente un intenso flujo de vehículos particulares, transporte público y unidades de carga pesada. Cualquier restricción o interrupción en este corredor repercute directamente en la economía y en la vida cotidiana de miles de ciudadanos.
Por eso, resulta indispensable que la declaratoria de emergencia se traduzca en hechos concretos. El MTC debe identificar y priorizar las intervenciones necesarias, establecer plazos verificables, garantizar los recursos para ejecutar las soluciones y comunicar públicamente los avances. Mientras se desarrollan las obras definitivas, también corresponde adoptar medidas preventivas que reduzcan los riesgos para conductores y pasajeros, sin esperar a que ocurra un accidente para actuar.
La resolución señala que la atención integral de esta emergencia no es atribuible al concesionario Autopista del Norte S.A.C., debido a que estas estructuras forman parte de las obras de puesta a punto a cargo del propio ministerio. Esta precisión obliga a que el Estado asuma con claridad la responsabilidad que le corresponde, sin dilaciones ni confusiones sobre las competencias institucionales. Los ciudadanos necesitan soluciones, no disputas administrativas.
También cabe preguntar por qué se ha permitido que infraestructuras tan importantes lleguen a esta condición. La emergencia actual exige actuar, pero no debe eximir a las autoridades de explicar cómo se llegó a este escenario y qué mecanismos de supervisión se aplicaron para advertir oportunamente los deterioros.
La seguridad vial no puede depender de la suerte de quienes transitan por la Panamericana Norte. El MTC ya reconoció el peligro y declaró la emergencia. Ahora debe demostrar que esa decisión tiene consecuencias reales. Porque una resolución no repara un puente, no elimina un riesgo ni garantiza una vida. Lo hacen las obras ejecutadas a tiempo y la responsabilidad de las autoridades.