Entre el 2011 y el 2019, Áncash vivió una de las etapas más vergonzosas de su historia política reciente. Tres gobernadores elegidos democráticamente, César Álvarez Aguilar, Waldo Ríos Salcedo y Juan Carlos Morillo Ulloa, terminaron en prisión, dejando tras de sí una profunda herida en la confianza ciudadana y una dolorosa lección sobre el uso del poder. Fue una década nefasta, cuyos efectos todavía se sienten en una región que necesita recuperar la credibilidad de sus instituciones.
Por eso, durante la segunda audiencia pública regional de rendición de cuentas, realizada el último jueves en Huaraz, Koki Noriega Brito puso especial énfasis en la lucha contra la corrupción y reivindicó el hecho de culminar su gestión sin terminar en un establecimiento penitenciario. “Hemos limpiado la cara de Áncash, salimos por la puerta grande y con las manos limpias”, afirmó. Es una declaración que refleja el contraste con el pasado y que, naturalmente, debe ser valorada en su justa dimensión.
Noriega será el primer gobernador regional, después de aquella sucesión de autoridades envueltas en procesos judiciales, que culminará su mandato sin seguir ese mismo camino. En una región marcada durante años por escándalos, investigaciones y detenciones, no es poca cosa. El gobernador aseguró que fue cuidadoso con el manejo de los recursos públicos, que apartó a funcionarios cuando detectó conductas irregulares y que mantuvo a sus hermanos alejados de la administración regional. Son afirmaciones que forman parte de su balance de gestión y que deben contrastarse con los hechos y los mecanismos de control correspondientes.
Sin embargo, la satisfacción expresada por el gobernador no puede llevarnos a creer que el problema de la corrupción está resuelto. Las cifras del Instituto Peruano de Economía (IPE), a través de su Índice de Riesgos de Integridad Subnacional 2026, obligan a mirar la realidad con preocupación. Áncash obtuvo apenas 4.8 puntos sobre 10 y se ubicó en el nivel de riesgo alto. Su calificación retrocedió frente a los 5.5 puntos de 2025 y los 5.0 de 2019.
Más preocupante todavía es que la tasa de denuncias por corrupción pasó de 6.9 a 19.2 por cada mil trabajadores públicos entre 2019 y 2025, convirtiendo a Áncash en el segundo departamento con mayor incidencia de denuncias en el país. Mientras tanto, apenas el 12.1 % de los adultos ancashinos aprueba la gestión de su Gobierno Regional. La confianza en las instituciones de justicia y control también cayó.
Estas cifras demuestran que salir de Palacio Regional sin terminar en prisión no basta para recuperar la confianza perdida. La ciudadanía necesita transparencia, contrataciones competitivas, rendición de cuentas efectiva y sanciones cuando se detecten irregularidades. También necesita obras concluidas, servicios públicos de calidad y presupuestos ejecutados con responsabilidad.
La década de los gobernadores que terminaron en prisión debe servir como una advertencia permanente. Áncash no puede volver a recorrer ese camino ni permitir que el poder regional se convierta otra vez en escenario de intereses particulares. La limpieza de la política no se proclama en un discurso: se demuestra con hechos, controles independientes y resultados verificables.
Que Koki Noriega termine su mandato sin repetir los antecedentes de sus predecesores es un hecho que marca una diferencia. Pero el verdadero desafío será dejar instituciones más confiables y una cultura de integridad capaz de sobrevivir al cambio de autoridades. Áncash ya pagó demasiado caro su pasado. No debe volver a vivir una década semejante.