Sujeto aceptó delito:
Una inesperada decisión judicial sorprendió a Brayan José Abanto Llauce, de 19 años, y a su abogado defensor, luego de que el juez Andrés Vargas Celis rechazara el acuerdo de terminación anticipada que pretendía evitar su ingreso a prisión con una pena suspendida y por el contrario le dictó una condena de cárcel efectiva por el delito de tenencia ilegal de materiales peligrosos (explosivos).
Según fuentes vinculadas al caso, el fiscal Manuel Andrés Zavaleta Vargas, del Segundo Despacho de la Cuarta Fiscalía Provincial Penal de Chimbote, y la defensa del imputado habían llegado a un acuerdo mediante el cual Abanto Llauce reconocía su responsabilidad penal, aceptaba el pago de una reparación civil y consentía una pena de cinco años de prisión suspendida, sujeta al cumplimiento de reglas de conducta.
Sin embargo, el acuerdo fue presentado ante el juez Andrés Vargas Celis, del Primer Juzgado Penal de Investigación Preparatoria de la Unidad de Flagrancia, quien decidió no aprobarlo al considerar que carecía de una motivación adecuada y que debía evaluarse la gravedad del delito, debido a que la tenencia de explosivos representa un riesgo para la sociedad.
Al apartarse del acuerdo propuesto por la fiscalía y el abogado defensor, el magistrado dictó una sentencia condenatoria de cinco años de prisión efectiva. En ese momento el imputado y su abogado se quedaron “helados”, pues estaban confiados que el juez iba a aceptar el acuerdo de terminación anticipada.
Cabe recordar que Abanto Llauce fue detenido por efectivos policiales alrededor de las 11 de la noche del miércoles 14 de octubre, en la intersección de la avenida Perú con el jirón José Gálvez, en el pueblo joven La Victoria, en Chimbote. Según la información policial, el sujeto había estado a punto de colocar un explosivo en una vivienda.
Durante el registro personal, los agentes encontraron en su poder un explosivo artesanal provisto de mecha y dos encendedores.
Estos elementos motivaron su intervención y posterior investigación por el presunto delito de tenencia ilegal de materiales peligrosos, proceso que culminó con la condena de cinco años de prisión efectiva.