En esta columna hemos advertido reiteradamente sobre lo que viene ocurriendo con la ejecución del hospital El Progreso de Chimbote, particularmente respecto a la gestión del Programa Nacional de Inversiones en Salud (PRONIS). Sin embargo, el tiempo transcurre, los problemas persisten y la Contraloría General de la República continúa revelando retrasos y deficiencias que ponen en duda la capacidad de las entidades responsables para culminar una obra indispensable para la población.
La última alerta del órgano de control es preocupante. Al cierre de setiembre, el proyecto registraba un avance físico de apenas 63,64%, cuando, según el cronograma vigente, debía alcanzar el 89,87%. Es decir, existe un retraso de 26,23 puntos porcentuales. Más grave todavía: durante todo ese mes, el contratista ejecutó apenas el 0,15% de lo programado. Con semejante ritmo, resulta difícil creer que la obra pueda concluir oportunamente.
El cronograma acelerado establecía como fecha de culminación el 2 de noviembre de 2026. Estamos a pocos días de ese plazo y el avance real se encuentra muy lejos de la meta. ¿Cómo se pretende entregar un hospital en condiciones adecuadas si todavía existen dificultades técnicas y administrativas que impiden avanzar con normalidad?
Uno de los aspectos más delicados es la demora del PRONIS en absolver consultas y proporcionar el expediente técnico del sistema de utilización en media tensión. La Contraloría advierte que estas dilaciones afectaron partidas ubicadas en la ruta crítica y ocasionaron paralizaciones y ampliaciones de plazo de hasta 183 días calendario.
Aquí aparece una contradicción que merece una explicación pública. No basta con fijar fechas de culminación y aprobar cronogramas acelerados si la propia entidad responsable no resuelve oportunamente los problemas técnicos que necesita superar el contratista. Tampoco es aceptable que una obra hospitalaria continúe acumulando retrasos mientras la población espera contar con mejores servicios de salud.
La preocupación aumenta porque, además de las dificultades para completar las instalaciones eléctricas, no se ha despejado suficientemente la incertidumbre sobre la factibilidad y las condiciones necesarias para garantizar la conexión eléctrica de media tensión. Sin energía asegurada, no puede hablarse seriamente de un hospital listo para entrar en funcionamiento. Terminar paredes, ambientes y acabados no equivale a entregar un establecimiento plenamente operativo.
Por supuesto, el contratista Consorcio Salud también debe responder por su desempeño. Haber ejecutado apenas una fracción de lo programado en setiembre exige explicaciones y medidas concretas. La responsabilidad no puede trasladarse íntegramente al PRONIS ni utilizarse la demora administrativa como justificación permanente.
La Contraloría ha cumplido con advertir los riesgos. Ahora corresponde que el PRONIS informe qué medidas adoptará, qué falta resolver para asegurar la conexión eléctrica y cuál es la fecha realista para concluir y poner en funcionamiento el establecimiento.
Chimbote no necesita más cronogramas incumplidos ni explicaciones tardías. Necesita un hospital terminado, equipado y operativo. Después de tantos años de espera, permitir que esta obra siga acumulando retrasos sería prolongar injustificadamente una deuda con la salud pública. La ciudadanía merece respuestas concretas y, sobre todo, resultados.