INFORME IPE
El 12 de octubre, vecinos de Nicrupampa, en Huaraz, denunciaron varios días sin agua potable ni abastecimiento por cisternas. En Áncash, las brechas de agua no son solo de acceso, sino también de continuidad y calidad del servicio. Además, la alerta por el Fenómeno El Niño eleva el riesgo de daños en la infraestructura de la que depende el agua de la región.
El acceso a agua se estancó en Áncash en los últimos años. Según los censos del INEI, la población con agua por red pública pasó de 71.3% en 2007 a 83.6% en 2017, pero bajó a 82.8% en 2025. Aunque supera el promedio nacional (80.5%), casi 200 mil ancashinos aún no acceden a este servicio, 28 mil más que en 2017.
La brecha es mayor en la continuidad del servicio. Según el Censo 2025, solo el 51.3% de las viviendas con red pública o pilón recibe agua las 24 horas, frente al 60.5% nacional. Entre las viviendas que reciben agua todos los días, el servicio dura en promedio 16.5 horas diarias, por debajo del promedio nacional (18.8). En las provincias de Santa y Casma, donde vive casi la mitad de la población de Áncash (46.7%), ese promedio es de apenas 9 horas.
La calidad del agua también se deterioró. Según la Sunass, en 2025 apenas el 22.4% de la población accedía a agua con niveles adecuados de cloro, frente al 27.4% en 2024, lo que incrementa el riesgo de enfermedades diarreicas. La cifra también es menor que la de regiones vecinas como Lima Provincias (27.2%) y Huánuco (24.8%).
Sumado a ello, la paralización de obras deja a Áncash más expuesta ante el FEN. A septiembre de 2026, 72.1% de los proyectos de agua y saneamiento a cargo de los gobiernos regionales y locales estaban paralizados o abandonados, por encima del promedio nacional (68.6%). Lo mismo ocurre con casi dos de cada cinco proyectos de drenaje pluvial, clave para evacuar el agua durante lluvias intensas.
Parte de las limitaciones en el acceso y la calidad del servicio de agua también radica en las prestadoras: en 2025, las dos EPS de la región no facturaron más del 40% del agua que produjeron, frente al máximo de 30% que fija la Sunass. Estas pérdidas, por fugas o conexiones clandestinas, reducen sus ingresos y limitan su capacidad de invertir y mejorar el servicio.
Frente a esto, las autoridades regionales y municipales que asumirán funciones en 2027 deberán actuar en dos frentes. Por un lado, al designar a miembros de los directorios de las EPS, deberán exigirles metas para reducir las pérdidas de agua y mejorar el servicio, en línea con sus planes de desarrollo urbano y de ampliación de la cobertura. Por otro lado, deberán definir la continuación, reformulación o cierre de proyectos, según las brechas de servicio pendientes.