La infraestructura vial de Áncash vuelve a quedar bajo cuestionamiento por una realidad que las autoridades no pueden seguir ignorando: el deterioro de puentes estratégicos y la necesidad de intervenirlos antes de que las lluvias conviertan sus deficiencias en una emergencia de mayores consecuencias. Dos hechos recientes revelan la dimensión del problema y la urgencia de actuar con responsabilidad.
El 13 de octubre de 2026 se publicó la Resolución Ministerial N.° 364-2026-MTC/01.02, mediante la cual el Ministerio de Transportes y Comunicaciones declaró en emergencia cinco puentes del país. Tres de ellos se encuentran en Áncash y forman parte de la carretera Panamericana Norte: Carrizal, en Casma; Huarmey y Culebras, en la provincia de Huarmey. La medida confirma que existen infraestructuras que requieren atención prioritaria para garantizar la seguridad y la continuidad del tránsito.
Dos días después, el 15 de octubre, la Contraloría General de la República dio a conocer el Informe N.° 023-2026-OCI/0661-SVC, que advierte serias deficiencias en el puente Lacramarca, ubicado también en la Panamericana Norte, en Chimbote. La inspección constató desprendimiento de concreto, acero de refuerzo expuesto y corroído, filtraciones en el drenaje pluvial y ausencia de señalización preventiva. Además, no se evidenciaban trabajos de conservación para reparar los daños detectados.
Lo más preocupante es que el puente Lacramarca se encuentra bajo la administración de Provías Nacional, organismo dependiente del MTC. Por tanto, no estamos ante una infraestructura abandonada cuya responsabilidad resulte difícil de determinar. Existe una entidad encargada de su conservación y mantenimiento, a la que corresponde actuar oportunamente para evitar que el deterioro avance.
La coincidencia de ambos hechos es reveladora. Mientras el Gobierno declara en emergencia tres puentes de la Panamericana Norte en Áncash, la Contraloría advierte que otra estructura de esta misma vía presenta deficiencias que comprometen la seguridad de los usuarios. La pregunta es inevitable: ¿cuántas alertas más necesitan las autoridades para comprender que el mantenimiento preventivo no puede postergarse?
La proximidad del Fenómeno El Niño añade mayor gravedad al problema. Las lluvias intensas y las posibles crecidas de los ríos pueden poner a prueba estructuras que ya presentan daños. Una afectación mayor podría restringir el tránsito, interrumpir el transporte de pasajeros y mercancías y perjudicar las actividades económicas de toda una región.
La Panamericana Norte no es una carretera secundaria. Es un corredor fundamental para la integración del país y el abastecimiento de numerosas ciudades. Cualquier interrupción tiene consecuencias que trascienden el ámbito local. Por eso, mantener sus puentes en condiciones seguras debe ser una prioridad permanente, no una reacción apresurada cuando el peligro se vuelve evidente.
El MTC y Provías Nacional tienen la obligación de evaluar, intervenir y transparentar las medidas adoptadas. No basta con recibir informes, registrar observaciones o anunciar disposiciones de emergencia. Se necesitan trabajos concretos, presupuestos oportunos y plazos verificables.
Áncash no puede esperar a que ocurra una tragedia para exigir resultados. La Contraloría ya encendió la alerta sobre el puente Lacramarca y el propio MTC reconoció la urgencia de intervenir otros tres puentes de la región. Ignorar estas señales sería una grave irresponsabilidad. La prevención debe demostrar su eficacia antes de que el próximo desastre vuelva a exhibir las consecuencias de la inacción estatal.