Por : Walter Miguel Quito Revello
El 26 de octubre, patrulleros procedentes de distintos lugares de la provincia del Santa se movilizaron hacia Colcap. También llegaron combis repletas de policías. Mientras tanto, cabe preguntarse: ¿quién se quedó protegiendo a la población que dejaron atrás? ¿Cuál fue el objetivo de semejante despliegue y quién asumió sus costos?
Pero hay algo todavía más absurdo: ¿contra quién fueron a enfrentarse? ¿Contra el aire y el viento? En Colca, la gente estaba en sus casas, trabajando en sus chacras y atendiendo sus actividades cotidianas. Sin embargo, cuando se trata de movilizar efectivos policiales para intervenir en un conflicto relacionado con una actividad minera, el Estado parece encontrar rápidamente los recursos necesarios. ¿Por qué esa misma capacidad no se demuestra para proteger el agua, fiscalizar las actividades mineras y escuchar a los agricultores? Lo que la Policía no comprende, lo que el Ministerio Público no debe ignorar y lo que el Poder Judicial debe entender es que, para los pobladores de Colcap, esta no es una simple disputa. Es una lucha por su existencia.
Es su tierra, su agua, su palta, su ganado y su futuro. Es la posibilidad de seguir viviendo donde nacieron, donde sus padres trabajaron y donde sus hijos esperan construir sus vidas. Para estos agricultores, la tierra no es una inversión más ni un negocio que puedan abandonar para instalarse en otro lugar. Es su único medio de subsistencia. Si pierden sus tierras productivas o sus fuentes de agua, ¿adónde irán? ¿Con qué recursos comenzarán de nuevo?
Muchos apenas poseen un tercio de hectárea o pequeñas parcelas que difícilmente les permitirían sobrevivir en otro lugar. Es cierto que el cultivo de palta ha mejorado sus oportunidades económicas y que cosechar antes que los agricultores de la costa puede permitirles obtener mejores precios. Pero sus condiciones son diferentes: mientras algunos agricultores de las zonas bajas poseen dos, tres o cuatro hectáreas, en las zonas altas muchas familias sobreviven con extensiones mucho menores. Por eso, la pregunta es inevitable: ¿de qué sirve cosechar primero y obtener un mejor precio si mañana no tienen agua para regar sus cultivos?
Lo que ocurre en Cochapeti también merece una reflexión profunda. Una actividad minera que, en lugar de contribuir al desarrollo integral de las comunidades, ha convertido a comuneros en pequeños empresarios, alejándolos progresivamente de su esencia campesina, de su vínculo ancestral con la tierra y de la responsabilidad de cuidarla y protegerla. Por unas pocas monedas, se transforma la relación de los hombres con su territorio y se termina enfrentando al pueblo contra el propio pueblo: hermanos contra hermanos, comuneros contra comuneros, mientras los verdaderos problemas de fondo quedan relegados. Una empresa que divide a las comunidades, debilita su identidad campesina y pone en riesgo su relación con la tierra no puede presentarse, sin más, como sinónimo de desarrollo.
El verdadero desarrollo no consiste en comprar voluntades ni en sembrar divisiones, sino en mejorar la vida de las personas sin destruir su cultura, su dignidad, su ambiente ni el territorio que les permite existir. Una actividad económica no puede considerarse un beneficio para el país si sus ganancias terminan enfrentando a las comunidades y poniendo en riesgo los recursos naturales de los que depende su supervivencia. El progreso debe medirse por la calidad de vida de la población, no solamente por las ganancias de una empresa o el dinero que reciben algunos comuneros.
¿Dónde está el Gobierno Regional de Áncash? ¿Dónde están las autoridades ambientales?
¿Dónde está el Ministerio de Cultura frente a las lagunas altoandinas y nuestro patrimonio natural e histórico? Los pobladores denuncian que las actividades mineras estarían afectando las fuentes de agua y poniendo en riesgo la agricultura y la ganadería. También existen preocupaciones por la posible presencia de metales pesados, como plomo y arsénico, en el ambiente. Estas denuncias requieren investigaciones independientes, análisis de agua y suelo, fiscalización efectiva y resultados transparentes.
No basta con escuchar a los pobladores cuando protestan; hay que acudir al territorio, inspeccionar las zonas afectadas y determinar qué está ocurriendo.
También se han formulado denuncias y preocupaciones ambientales en distintos puntos de la cuenca, incluidos Samanco, Moro, San Jacinto y Cáceres del Perú. Corresponde a las autoridades investigar cada caso y comunicar sus resultados a la población.
Los agricultores no necesitan que el Estado los mire como enemigos. Necesitan que los escuche, que investigue sus denuncias y que garantice que sus derechos no sean sacrificados en nombre de ninguna actividad económica. Porque es fácil desplegar policías para intervenir en un conflicto. Lo difícil es enfrentar las causas que lo originan.
Es fácil hablar de orden público; lo difícil es garantizar que una familia pueda seguir cultivando su tierra, criando sus animales y alimentando a sus hijos.
La seguridad de una empresa no puede estar por encima de los derechos de una población. La inversión debe desarrollarse dentro de la ley, respetando el ambiente y sin poner en riesgo los medios de subsistencia de las comunidades. Colcap no pide privilegios. Pide que se proteja su agua, que se fiscalice la actividad minera y que se investiguen las denuncias. Pide que las autoridades cumplan con su responsabilidad antes de que cualquier daño resulte irreversible.
El Estado no puede ser fuerte para movilizar policías y débil para defender el agua. No puede ser rápido para proteger instalaciones mineras y lentas para escuchar a quienes viven de la tierra. Porque una mina puede representar una actividad económica, pero el agua es indispensable para la vida. Y cuando un pueblo pierde su agua, su tierra y su capacidad de producir alimentos, no pierde solamente su economía: pierde la posibilidad de seguir existiendo en el lugar que siempre ha sido su hogar.