La intervención de la Fiscalía Provincial Especializada en Materia Ambiental del Santa contra la minería ilegal en la quebrada Canaymonte, distrito de Bolognesi, provincia de Pallasca, merece reconocimiento. No se trata solamente de destruir campamentos clandestinos o inutilizar maquinaria empleada en actividades ilícitas, sino de defender las fuentes de agua, proteger el medioambiente y evitar que la ambición económica de unos cuantos termine perjudicando a poblaciones enteras.
La diligencia fiscal, dirigida por la fiscal adjunta provincial Nataly Gonzales Pastor, permitió descubrir una preocupante infraestructura destinada a la explotación minera ilegal. Las autoridades encontraron tres bocaminas de hasta 100 metros de profundidad, más de 135 sacos con material aurífero, explosivos, mechas de seguridad, generadores eléctricos, maquinaria de perforación y enormes cantidades de desmonte que obstaculizaban el cauce de la quebrada.
No estamos, por tanto, ante una actividad artesanal sin mayores consecuencias. Los hallazgos revelan una operación que requiere maquinaria, insumos peligrosos y una infraestructura capaz de ocasionar graves daños ambientales. Más preocupante todavía es la existencia de filtraciones de óxido contaminante hacia las fuentes de agua, un riesgo que exige investigación y evaluación técnica para determinar su magnitud y sus consecuencias.
Por ello, la actuación coordinada del Ministerio Público y la Policía Nacional constituye una respuesta necesaria frente a quienes explotan recursos minerales al margen de la ley. Cuando el traslado de los equipos e insumos resulta inviable, la destrucción e inutilización de los bienes utilizados en estas actividades, conforme al procedimiento legal correspondiente, permite neutralizar la continuidad de las operaciones clandestinas.
Sin embargo, sería un error considerar que una intervención exitosa resuelve por sí sola el problema de la minería ilegal en Pallasca.
LAS ALTURAS DE PAMPAS TAMBIÉN ESPERAN RESPUESTAS.
Existen denuncias sobre actividades de minería ilegal en las alturas del distrito de Pampas, también en la provincia de Pallasca, que requieren atención de las autoridades competentes. Es indispensable que estas alertas sean verificadas y que, de confirmarse la existencia de operaciones ilícitas, se ejecuten las intervenciones correspondientes.
No puede haber territorios donde la ley se aplique con firmeza y otros donde las actividades ilegales continúen desarrollándose bajo la indiferencia o la demora de las instituciones responsables.
La Fiscalía Ambiental, la Policía Nacional, las autoridades ambientales y los organismos encargados de fiscalizar la actividad minera deben coordinar acciones de inteligencia, inspección y seguimiento. No basta con intervenir cuando el daño ya es evidente. También es necesario identificar a los responsables, establecer de dónde provienen los recursos que financian estas operaciones e investigar las posibles redes que facilitan su funcionamiento.
Del mismo modo, las autoridades deben verificar si existen daños en las fuentes de agua, establecer las medidas de recuperación ambiental que correspondan y evitar que los campamentos destruidos sean reemplazados por nuevas instalaciones clandestinas.
La minería ilegal no solamente representa una amenaza ambiental. También compromete la seguridad de quienes trabajan en condiciones peligrosas, deteriora los ecosistemas y debilita la autoridad del Estado.
La intervención en Canaymonte demuestra que, cuando existe decisión y coordinación, es posible actuar. Ahora corresponde mantener esa voluntad y extenderla a los sectores donde persisten las denuncias.
Pallasca no necesita operativos aislados, sino una estrategia sostenida contra la minería ilegal. La actuación del Ministerio Público merece reconocimiento, pero la ciudadanía espera que las autoridades también respondan a las alertas sobre las alturas de Pampas.
Proteger el agua, el territorio y la vida de la población no puede depender de intervenciones ocasionales. Es una obligación permanente del Estado.