La primera reunión del Consejo Provincial de Salud con el nuevo alcalde provincial de Casma, Pedro López Mejía, deja una realidad que no puede pasar inadvertida: 314 casos confirmados de dengue, una cobertura de control larvario de apenas 55.8 % y 2,500 viviendas cerradas que impiden el ingreso del personal sanitario. Las cifras son preocupantes, pero lo más grave es que no estamos ante un problema nuevo. Es una situación que se arrastra desde hace años y que, hasta ahora, no ha podido ser superada.
El dengue no espera reuniones, juramentaciones ni acuerdos institucionales. El zancudo transmisor continúa reproduciéndose mientras las autoridades intentan superar las dificultades para ingresar a las viviendas, identificar criaderos y convencer a las familias de que la prevención comienza en sus propios hogares. A las 2,500 viviendas cerradas se suman 451 viviendas positivas con presencia del vector y 579 familias renuentes a permitir las inspecciones. Es decir, existen obstáculos concretos que requieren respuestas inmediatas, no solamente exhortaciones.
La pregunta es inevitable: ¿por qué, después de tantos años, Casma sigue enfrentando las mismas dificultades para controlar al mosquito transmisor? No basta con reconocer el problema ni presentar cifras epidemiológicas. Se necesita evaluar qué estrategias han fracasado, por qué no se consigue la colaboración de una parte de la población y qué medidas efectivas se adoptarán para revertir esta situación.
El nuevo alcalde provincial tiene ahora una responsabilidad que va más allá de presidir el Consejo Provincial de Salud. Debe convertir este espacio de coordinación en una instancia que impulse resultados verificables. La Municipalidad, el Hospital de Apoyo Casma, los establecimientos de salud, la UGEL y las demás instituciones participantes tienen que asumir compromisos concretos, con responsables, plazos y metas de cumplimiento.
La preocupación aumenta porque se aproxima un nuevo periodo de lluvias asociado al Fenómeno El Niño. Si las condiciones climáticas favorecen la proliferación del zancudo, una ciudad que todavía no consigue intervenir oportunamente en miles de viviendas podría enfrentar mayores dificultades sanitarias. Esperar a que los casos aumenten para intensificar las acciones sería repetir los errores de siempre.
También corresponde desarrollar campañas sostenidas de educación sanitaria, involucrar a dirigentes vecinales y promover la participación de las familias. Las viviendas cerradas no pueden convertirse en una barrera permanente para la prevención. Las autoridades deben encontrar mecanismos de coordinación que permitan realizar las inspecciones, respetando los derechos de los ciudadanos, pero explicando con firmeza los riesgos colectivos de impedirlas.
Casma necesita pasar de los diagnósticos a los resultados. Los 314 casos confirmados constituyen una advertencia que no debe minimizarse. El alcalde Pedro López Mejía y las instituciones que integran el Consejo Provincial de Salud tienen la oportunidad de demostrar que esta vez la respuesta será diferente.
Porque frente al dengue y la amenaza del Fenómeno El Niño, la inacción también tiene consecuencias. La prevención debe empezar ahora, antes de que las cifras se conviertan en una emergencia que pudo evitarse.