La Contraloría General de la República identificó deficiencias en la implementación, organización y prestación de los servicios especializados de atención a víctimas de violencia en tres Centros Emergencia Mujer y Familia (CEM) de Chimbote y Casma, que están bajo la responsabilidad del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.
Las observaciones corresponden al CEM Comisaría Chimbote, CEM Regular Casma y CEM Comisaría Casma, donde una visita de control detectó limitaciones en la disponibilidad de profesionales, falta de condiciones operativas y recursos materiales, así como deficiencias en las acciones de protección y seguimiento de casos de violencia contra menores de edad.
Según el Informe de Visita de Control N.° 022-2026-OCI/3901-SVC, uno de los principales problemas es la insuficiente dotación de profesionales de trabajo social, psicología y derecho en los tres establecimientos. Esta situación limita la prestación continua e interdisciplinaria de los servicios y genera el riesgo de que las víctimas no reciban atención oportuna, protección adecuada, acompañamiento para su recuperación y acceso a la justicia.
Otra situación advertida es que los centros de atención no cuentan con las condiciones operativas ni con los recursos materiales previstos para desarrollar adecuadamente sus funciones. La Contraloría advierte que estas carencias podrían restringir la atención a las usuarias y comprometer aspectos fundamentales como la seguridad, confidencialidad y protección de la información de las personas afectadas por violencia.
La situación reviste especial preocupación por las deficiencias detectadas en la atención de menores de edad. El organismo de control señala que los tres establecimientos no acreditan la ejecución de acciones inmediatas de protección ni el correspondiente seguimiento administrativo en casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes.
Esta falta de acreditación de las intervenciones genera el riesgo de prolongar la desprotección institucional de los menores afectados, perjudicar su acceso oportuno a la justicia e incrementar su vulnerabilidad frente a nuevas agresiones.
La evaluación comprendió la gestión de recursos humanos y materiales, la prestación de los servicios especializados de atención interdisciplinaria en las áreas legal, social y psicológica, tanto de primer como de segundo nivel, además del seguimiento administrativo de los expedientes de las usuarias.
La visita de control se desarrolló entre el 28 de octubre y el 5 de noviembre de 2026, y estuvo a cargo del Órgano de Control Institucional (OCI) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. El informe fue comunicado al titular de dicha cartera ministerial para que disponga las acciones correctivas correspondientes.
Las observaciones de la Contraloría ponen en evidencia las limitaciones que afrontan tres servicios destinados precisamente a proteger a mujeres, niños y adolescentes frente a la violencia. Corresponde ahora al sector adoptar medidas concretas para garantizar que estos centros cuenten con personal suficiente, condiciones adecuadas y capacidad efectiva de respuesta ante situaciones que pueden comprometer la integridad y la vida de sus usuarias.

