Editorial

Universidad San Pedro: 90 días de silencio y una investigación que sigue sin avanzar

Lo que viene ocurriendo con las denuncias sobre la cuestionada asamblea universitaria de mayo de 2025 en la Universidad San Pedro constituye un hecho sumamente preocupante y una seria señal de cómo pueden terminar entrampadas las investigaciones cuando las instituciones llamadas a esclarecer los hechos no cumplen oportunamente con sus responsabilidades. Han transcurrido más de 90 días y la Policía Nacional no habría realizado una sola diligencia sustancial en la investigación. No citó a los denunciados, tampoco a los involucrados y, según la denuncia del abogado Oswaldo Faustino Villanueva, la carpeta fiscal 808-2026 permaneció prácticamente abandonada en la DEPINCRI.

Estamos hablando de un asunto demasiado delicado para permitir semejante indiferencia. Aquí se investiga la realización de una asamblea universitaria en mayo del año pasado, en la que supuestamente se eligió a Javier Ulloa Siccha como rector, utilizando documentación que, según las denuncias, no correspondería a una asamblea presidida por el entonces rector Gilmer Díaz Tello. Este último ha señalado públicamente que nunca dirigió dicha reunión. Por tanto, existen hechos que deben esclarecerse y responsabilidades que deben determinarse.

La denuncia del abogado Villanueva pone sobre la mesa una pregunta inevitable: ¿cómo es posible que una investigación permanezca 90 días sin que se cite siquiera a los aproximadamente 40 denunciados e involucrados? Si, como sostiene el abogado, el efectivo policial tenía 30 días para realizar las diligencias iniciales, ¿quién explica semejante demora? ¿Quién supervisó el cumplimiento de esa labor? ¿Dónde estuvo el Ministerio Público mientras transcurrían los meses sin resultados?

Pero hay otro aspecto todavía más grave. La inscripción de Javier Ulloa Siccha como rector se habría conseguido en Huaraz, después de que la SUNARP de Chimbote rechazara hasta en cuatro oportunidades el trámite. ¿Cómo se explica que un procedimiento rechazado reiteradamente en una oficina registral termine finalmente inscrito en otra? ¿Se revisaron los documentos con el mismo rigor? ¿Se verificó la legitimidad de la asamblea que habría sustentado esa elección? Son interrogantes que no pueden quedar sin respuesta.

El Estado de derecho no puede funcionar dependiendo de la oficina registral donde se presenta un documento ni de la voluntad de los funcionarios que tienen la obligación de examinarlo. Mucho menos puede permitirse que una inscripción registral termine convirtiéndose en una aparente garantía de legitimidad cuando existen denuncias que cuestionan precisamente su origen.

La devolución de la carpeta fiscal a la Tercera Fiscalía, a cargo del fiscal Washington Andrade Bazán, tampoco puede convertirse en una salida para empezar nuevamente de cero y prolongar la incertidumbre. El Ministerio Público tiene la obligación constitucional de conducir la investigación y garantizar que las diligencias se realicen con objetividad y dentro de los plazos correspondientes. Si el efectivo policial incumplió sus funciones, debe investigarse; y si hubo falta de supervisión fiscal, también deben establecerse las responsabilidades.

No basta con devolver documentos, cambiar de policía o trasladar responsabilidades de una oficina a otra. Lo que corresponde es investigar, citar a los involucrados, verificar la documentación presentada ante SUNARP y determinar si hubo delitos en la cuestionada elección e inscripción rectoral.

La Universidad San Pedro no puede seguir atrapada en una controversia que compromete su institucionalidad y credibilidad. Sus estudiantes, docentes y trabajadores merecen saber quién tiene legítimamente la conducción de esta casa superior de estudios.

Noventa días perdidos no son un simple retraso administrativo. Son noventa días en los que la verdad ha seguido esperando. Y cuando la Policía y el Ministerio Público no responden, la desconfianza ciudadana crece. ¿Dónde queda el Estado de derecho si las denuncias duermen en los escritorios y quienes esperan justicia deben salir a protestar para conseguir que alguien haga su trabajo?