Política

Juez ordena levantar secreto bancario de Rector Javier Ulloa y tres autoridades de la Universidad San Pedro

La jueza Dalila Peña Zapata, del Octavo Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Santa, declaró fundado el requerimiento fiscal y ordenó el levantamiento del secreto bancario del rector de la Universidad San Pedro (USP), Javier Leopoldo Ulloa Siccha, de la tesorera Gladys Carmela Villarreal Correa y de los vicerrectores Rogelio Fermín Castañeda Gamboa y Javier Martínez Carrión.

La decisión está contenida en la Resolución N.° 3, emitida en Nuevo Chimbote en noviembre de 2026, a solicitud del fiscal Paulino Aliaga Gonzales, de la Tercera Fiscalía Provincial Penal Corporativa del Santa, como parte de la investigación por los presuntos delitos de fraude en la administración de personas jurídicas, estafa agravada y apropiación ilícita, en agravio de la Universidad San Pedro.

Según la resolución judicial, la investigación está relacionada con la apertura y utilización de cuentas bancarias mancomunadas en el BBVA, a nombre de Ulloa Siccha y Villarreal Correa, así como otras cuentas en las que habrían intervenido los investigados para recibir y administrar recursos económicos provenientes de estudiantes y egresados de la universidad.

La magistrada considera necesario acceder a la información financiera para identificar a los titulares, cotitulares y usuarios autorizados, conocer los depósitos, transferencias y retiros, así como determinar quiénes fueron los beneficiarios finales de las operaciones y cuál fue el destino del dinero.

La resolución dispone que el BBVA Perú y el Banco Interbank entreguen al Ministerio Público información sobre la apertura de las cuentas, estados de cuenta completos, movimientos bancarios, transferencias, retiros, operaciones electrónicas y documentación de respaldo, desde la apertura de las cuentas hasta diciembre de 2025.

Entre los elementos considerados por el juzgado figura el Informe N.° 12-2025-DGA-OEF-OC, referido a los ingresos y egresos registrados en las cuentas mancomunadas entre noviembre de 2024 y abril de 2025, además de actas del Consejo Universitario y declaraciones testimoniales.

La jueza precisa que esta medida busca reconstruir la trazabilidad de los recursos económicos de la universidad y establecer el grado de intervención individual de cada investigado. El levantamiento del secreto bancario constituye una diligencia de investigación y no implica una declaración de culpabilidad de los involucrados.