Este ya no es ningún destape, es parte de una rutina. En un reciente informe del que dimos cuenta en nuestra edición de ayer, la Contraloría General de la República ha denunciado a cuatro funcionarios del gobierno regional de Ancash, supuestamente por haber ocasionado al estado un perjuicio económico por la suma de 50 mil soles. El informe se refiere a la demora, al parecer intencional, por parte de dichos funcionarios en la ejecución de las obras de defensa ribereña realizadas el año 2020 en el río Lacramarca,
Comparada con otros perjuicios de mucha mayor cuantía y connotación, esta demora bien podría considerarse una falta menor, sin que eso desvirtúe la aplicación de las sanciones de ley. Ello no obstante, es bueno traer a la memoria que, a fines del año pasado, la Contraloría dio a conocer un hecho que de ninguna manera puede pasar por desapercibido. Durante los últimos años, más de 300 funcionarios de la región Ancash han sido denunciados por cometer este tipo de delitos contra el Estado.
Algunos de ellos, por supuesto, ya se encuentran tras las rejas. Otros han sido inhabilitados por la justicia para ejercer la función pública por un determinado tiempo, mientras que muchos de ellos se encuentran prófugos de la justicia, en tanto que algunos afortunados, que no son pocos, se pasean tranquilamente por las calles gracias a que el Ministerio Público mantiene encarpetadas sus denuncias.
De acuerdo con el modus operandi que impera en el gobierno regional y en las municipalidades, vemos que con cada nueva gestión ingresa a laborar en estos organismos un selecto equipo de funcionarios, todos ellos de la más estrecha confianza, ya sea del gobernador o del alcalde. No importa cuán hábiles o cuán incapaces puedan ser. Lo que interesa es el grado de confiabilidad y reciprocidad que existe entre ambas partes. Muchos son los llamados. Pocos, son los escogidos.
Pero en vista que el gobernador y el alcalde no siempre firman las órdenes que imparten, son estos funcionarios quienes se encargan de cumplir y hacer cumplir dichas órdenes. Con o sin experiencia en estos menesteres, son ellos los responsables de direccionar, con documentos en mano, la contratación de toda obra o servicio.
Por otro lado, mucho antes de convocarse una licitación o un concurso de precios, estos funcionarios ya saben quién va a ser el contratista o el proveedor favorecido. Si no es una de las empresas que financiaron la campaña electoral, por lo general suele ser aquella que, bajo la mesa, ofrece por adelantado la mejor repartija, Favor con favor se paga.
Y para arribar a este contubernio, nada importa si el expediente técnico está mal hecho o mal plagiado. Después de todo, si la obra tiene que ser paralizada, esta eventualidad también está prevista. Para eso están los adicionales de obra y los arbitrajes. Total, lo que interesa es que al final todos ganen, menos el estado y la población perjudicada.
Mientras las promesas electorales no hay cuando se cumplan y mientras las obras abandonas y mal ejecutadas continúan proliferando, los funcionarios de confianza siguen disfrutando de una imparable parranda burocrática.